Opinión | Interpretar lo que está claro

Nos había enseñado el Digesto que cuando no hay ambigüedad en las palabras, no deben admitirse cuestiones sobre la voluntad.

Los actos claros nunca son interpretables, nos recuerdan los jueces con la máxima “in claris non fit interpretatio”, básica para aclarar disposiciones y contratos.

Como establece el Código Civil, las normas se interpretan conforme al sentido propio de sus palabras, y si los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de los contratantes, deberá estarse al sentido literal de sus cláusulas.

En los últimos tiempos, hemos dedicado ímprobos esfuerzos a la exégesis de no pocas cuestiones legales que no admiten complejidad alguna.

El caso de la Ley de Amnistía resulta paradigmática: ningún operador jurídico albergaba la más mínima duda sobre su inconstitucionalidad e ilegalidad antes de las últimas elecciones generales.

FRAUDE DEMOCRÁTICO

Es más: quienes la promovieron desde el gobierno fueron los primeros en negar esa posibilidad ante su electorado, lo que constituye un fraude democrático de colosales proporciones, al haberse impulsado una iniciativa contra la voluntad de sus propios votantes y sin incluirla entre sus propuestas electorales, esas que hace años se llevaban al notario.

Resultando irrefutable el carácter antijurídico de esta norma, no solo por carecer de anclaje constitucional sino por vulnerar la propia Carta, así como infringir buena parte del derecho comunitario que se ocupa de preservar el Estado de Derecho, nos hemos enredado sin embargo en debates bizantinos acerca de su legalidad, en la que no ha sido infrecuente la participación del medio académico, sosteniendo genuinos disparates disfrazados de rigor. 

El daño que hace al derecho este tipo de cosas es inmenso.

Y el esfuerzo que supondrá rehacer su respeto, ni se lo cuento. Muchas veces he pensado, preocupado, lo que tardará en recomponerse tanto desvarío legal perpetrado en los últimos tiempos.

Cuando esta deriva termine, deberemos dedicar formidables esfuerzos a devolver a nuestro ordenamiento la sensatez y solidez perdida, algo que no tengo nada claro que podamos hacer de la noche a la mañana.

RECONSTRUCCIÓN

Reconstruir el derecho español de tanta prevaricación legislativa tendrá que ir acompañado de medidas efectivas para que no vuelva a ocurrir un escenario así de sombrío.

No podemos, como sociedad, permitir el todo vale en materia legal, ni someterla a cálculos políticos para alcanzar un fin justificador de medios pestilente y antidemocrático, porque ha de recordarse que la democracia es el sistema en el que gobierna la mayoría con respeto de las minorías, pero nunca lo contrario. 

Al interpretar lo evidente solo se buscan tres pies al gato. Es decir, soluciones o razones faltas de fundamento o sin sentido que acarrean daño, como dice el diccionario.

Y aunque eso se haga con gran aparato verbal o con aspavientos, las cosas claras no precisan candil, como la verdad de Agamenón.

Más pronto que tarde confío en que podamos ponernos manos a la obra para recomponer tanto estropicio propiciado por quienes venían a llevarnos al paraíso de la legalidad cristalina y la precisión normativa.

Nos costará Dios y ayuda, pero merecerá la pena volver a disfrutar de un régimen decente, respetable, en el que libertades y derechos vuelvan a brillar en servicio de un pueblo que se lo merece, aunque haya respondido con tibieza al despropósito.    

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