El CGPJ han hecho un llamamiento a la contención y a evitar cualquier clase de juicio de intenciones.
El CGPJ sostiene que Sánchez sí hizo una valoración política de las actuaciones judiciales sobre su mujer
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10/6/2024 11:28
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Actualizado: 10/6/2024 13:47
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El pasado 4 de junio el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó una segunda carta destinada a la ciudadanía tras darse a conocer que el Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid había citado a su mujer Begoña Gómez a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En dicha misiva criticó que el juez Juan Carlos Peinado diese a conocer esta decisión a días de las elecciones europeas. En concreto, hablaba de “una regla no escrita de dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”.
Unas palabras que han hecho que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reuniese este lunes a primera hora para estudiar si dicha carta afectaba a la independencia judicial. Para el órgano de jueces, Sánchez hizo una “valoración política” de actuaciones judiciales.
Por unanimidad, han declarado que las resoluciones están sujetas a críticas y a la posibilidad de recurrir a través de los cauces legalmente establecidos. Pero «merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna”.
El CGPJ hace un llamamiento a la contención
De modo que han hecho un llamamiento a la contención y a evitar cualquier clase de juicio de intenciones ya que ello “sólo contribuye al deterioro de las instituciones”. Y, en definitiva, “a la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales”.
Asimismo el CGPJ ha comentado que los jueces «deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales».
Por ello, «los ciudadanos españoles pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico”, han concluido.
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