El PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes en el Congreso la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que pretende establecer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre diferentes autonomías desde zonas con los recursos saturados.
La proposición modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150 % de su capacidad de acogida, un texto que busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago canario.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto con titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han asistido hoy al registro de la iniciativa legislativa, que, por le momento, no cuenta con el respaldo del grupo parlamentario popular.
«Es la única solución»
Ángel Víctor Torres, en declaraciones a la prensa tras el registro oficial de la proposición en el Congreso de los Diputados, firmada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, “esta es la única solución” que “da respuesta a la situación de emergencia que se vive en los territorios frontera”, para que no asuman en exclusiva la atención de tantos menores.
El titular de Política Territorial ha explicado que el texto propone que todos los menores que en el momento de la aprobación de la norma excedan el 150% de ocupación de las comunidades tensionadas sean distribuidos en un plazo de 12 meses entre el resto de regiones.
Los que lleguen después serán derivados en un plazo de 15 días.
Igualmente, indicó que “el texto preserva el interés de las comunidades autónomas porque su base es la Conferencia Sectorial de Infancia donde tienen voz y voto”, y agregó que también garantiza “suficiencia financiera”.
De hecho, recoge los criterios de distribución aprobados para los repartos voluntarios en la sectorial de 2022, tales como la población de cada comunidad, su PIB, el esfuerzo de acogida que realiza, su nivel de paro y la dispersión demográfica.
Asimismo, contempla un sistema de financiación ya pactado, que podrá revisarse en el plazo de tres meses tras la aprobación de la ley, también en una conferencia sectorial de Infancia.
