El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ordenado a la Aseguradora del Gobierno de Aragón indemnizar con 110.000 euros a un joven de 35 años que, por no operarle a tiempo, tiene un 56% de discapacidad y necesita muletas para caminar. También tiene lesiones cardiacas y urológicas.
Los magistrados Juan Carlos Zapata (presidente), Javier Albar y Juan José Carbonero han considerado en la sentencia 348/2024 de 27 de junio que hubo una negligencia médica.
Todo comenzó el 16 de febrero 2019 cuando Alberto E.C tuvo una caída y acudió al servicio de urgencias de Zaragoza. Allí le diagnosticaron una contusión en la espalda y se le administró analgésicos.
Pero como le seguía doliendo, decidió ir al Hospital Miguel Servet donde le hicieron diversas pruebas para poder operarle al haber detectado en el TAC que tenía una vértebra rota.
Le operaron el 1 de abril de 2019 y, a la mañana siguiente, comenzó a tener dolores muy fuertes en las piernas y en los genitales. Pero no le hicieron una resonancia para conocer el motivo.
Por la tarde del mismo día, a las 19:00 horas, el paciente se percató de que no tenía movilidad en miembros inferiores. Y aunque los propios enfermeros constataron esto, tampoco le hicieron la resonancia.
Tardaron más de 12 horas en operarle
No fue hasta el día 3 de abril cuando tras tener las piernas completamente inmóviles le hicieron la prueba. Tenía un hematoma epidural con compresión del saco dural, por lo que le operaron esa misma tarde.
Sin embargo, el plazo para ser operado y haber evitado tener secuelas era de 12 horas desde el iniciaron los síntomas. Es decir, desde la tarde del 2 de abril. Al ser operado el 3 de abril por la tarde, ya no se pudieron revertir todas las secuelas.
En la actualidad, tiene el 56% de discapacidad y precisa muletas para caminar.
Debido a estos hechos, acudió a la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y presentaron una reclamación de la mano del abogado Ricardo Agoiz ante el Gobierno de Aragón, que fue desestimada.
Por lo que se interpuso demanda ante el TSJ de Aragón, Sala de lo contencioso-administrativo, que ha dictado sentencia estimando las pretensiones del lesionado con una indemnización de 110.000 euros.
