El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el ‘procés’ en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación.
Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden.
Fue el pasado sábado cuando Puigdemont reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno de investidura del Parlament -que podría celebrarse este jueves a las 10 de la mañana –, asegurando que su detención era «una posibilidad real en muy pocos días».
Su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales del pasado mes de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la Ley de Amnistía.
Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita.
Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.
LA CARTA DEL TC Y UN POSIBLE ‘HABEAS CORPUS’
El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.
Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del ‘procés’ por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas.
Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un ‘habeas corpus’ en caso de considerar esa detención ilegal.
Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional.
El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.
