El presidente del TSJ en el exilio, Antonio José Marval Jiménez, rodeado de cuatro de los magistrados que conforman este órgano judicial fuera de Venezuela.
Crímenes de odio: Qué es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ante el que la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela va a presentar su informe
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02/9/2024 05:35
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Actualizado: 02/9/2024 11:35
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Pocos saben que, el 21 de julio de 2017, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, tomó una decisión histórica al nombrar a nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país.
Este movimiento audaz fue una respuesta directa a las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que había sido acusado de erosionar la independencia judicial y debilitar el estado de derecho.
La creación de un «tribunal en el exilio» fue el resultado de una serie de eventos que comenzaron en 2015, cuando la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, empezó a denunciar la instalación de un Tribunal Supremo de Justicia alineado con el gobierno y bajo su control.
Este TSJ oficialista, según la oposición, no actuaba con imparcialidad y se inclinaba a favor del Ejecutivo.
Este tribunal paralelo, establecido en el extranjero, representaba un desafío frontal al Tribunal Supremo de Justicia oficialista y exponía la profunda crisis institucional que asolaba a Venezuela.
La decisión de operar fuera del país no fue una elección libre, sino una medida desesperada ante la persecución y las constantes amenazas de detención que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó contra sus miembros.
Desde el momento de su nombramiento por la Asamblea Nacional, el gobierno de Maduro no tardó en declarar ilegal la designación de estos magistrados, acusándolos de usurpación de funciones.
EL RÉGIMEN DE MADURO TRATÓ DE DETENER A TODOS LOS MAGISTRADOS NOMBRADOS
La respuesta fue rápida y contundente: las autoridades venezolanas iniciaron una feroz cacería para arrestar a los magistrados.
Ángel Zerpa, uno de los magistrados recién nombrados, fue arrestado casi de inmediato por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), dejando claro que el régimen no toleraría la existencia de un Tribunal Supremo paralelo.
Este arresto fue un mensaje inequívoco del gobierno: cualquiera que osara desafiar su autoridad enfrentaría consecuencias graves.
Ante esta realidad, muchos magistrados decidieron huir del país, conscientes de que quedarse significaba enfrentar detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y potencialmente largas condenas en prisión.
La Fiscalía General de Venezuela, bajo el control de Maduro, emitió órdenes de captura contra estos magistrados y solicitó la anulación de sus nombramientos, reforzando aún más la represión.
A pesar de las amenazas, la resistencia continuó. La Organización de Estados Americanos (OEA) y varios países, entre ellos Colombia y algunas naciones europeas, reconocieron al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, considerando sus acciones como una parte fundamental de la lucha por restablecer la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
Desde su creación, el TSJ en el exilio ha emitido múltiples resoluciones y sentencias que respaldan las acciones de la oposición venezolana y denuncian lo que consideran un gobierno autoritario.
Aunque estas decisiones no tienen validez oficial dentro de Venezuela según las autoridades de Maduro, son apoyadas por algunos países y organismos internacionales.
EL TSJ EN EL EXILIO HA CONDENADO LOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES VENEZOLANAS
En un pronunciamiento realizado el pasado viernes desde su sede en Miami, el TSJ en el exilio declaró nula la sentencia del TSJ madurista que convalidó la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio y reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
Previamente, proclamó que las elecciones no cumplieron con los estándares democráticos necesarios y denunció la represión y las irregularidades en el proceso electoral.
Este es el órgano para el que la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, de la que forman parte 45 asociaciones españolas y venezolanas, está elaborando la acción mero declarativa, un informe en el que van a acreditar, con fechas, lugares, nombres y apellidos, los crímenes de odio terroristas y de persecución a periodistas, opositores y ciudadanos.
A día de hoy hay más de 3.000 detenidos –y muchos desaparecidos– por las protestas contra el fraude electoral.
Una acción mero declarativa es un tipo de demanda legal que se utiliza para que un juez confirme o aclare algo, en este caso una situación como que vive Venezuela, sin pedir que se haga algo más. Tiene su origen en el derecho romano.
Una vez que el TSJ en el exilio constate dichos hechos, el documento se convertirá en una prueba de cargo, llegado el caso, para el inicio de las acciones legales que se consideren pertinentes iniciar.
LOS COMPONENTES DEL TSJ EN EL EXILIO VIVEN EN DIFERENTES PAÍSES
Hoy, los magistrados del tribunal en el exilio residen en diferentes países, como Estados Unidos, Colombia, Chile, Panamá y España.
Sus reuniones son principalmente virtuales, llevadas a cabo por videoconferencia a través de plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Skype o Google Meet.
Conscientes de su situación delicada y de la información sensible que manejan, toman medidas adicionales para garantizar la privacidad y seguridad de sus comunicaciones, utilizando plataformas encriptadas y protocolos de seguridad cibernética.
En ocasiones, estos magistrados logran reunirse en persona, aprovechando eventos internacionales, asambleas de organizaciones como la OEA o encuentros en países que los apoyan.
Está compuesto por 33 magistrados, entre ellos Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente; Antonio Marval, vicepresidente; Elenis Rodríguez y Ramón Pérez Linárez, magistrados de la Sala Constitucional; Ángel Zerpa, José Sabino Zamora y Cecilia Sosa Gómez, magistrados de la Sala Político Administrativa; Pedro Troconis, magistrado de la Sala de Casación Penal; Tomás Alzuru, Rubén Carrillo y Rita Rosales, magistrados de la Sala de Casación Civil; y Rafael Ortega Matos y Luis Manuel Afiuni, magistrados de la Sala de Casación Social; y Domingo Salgado.
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