Los 20 vocales del nuevo mandato durante el primer pleno celebrado el 25 de julio pasado. Foto: CGPJ.
¿Por dónde comenzar los nombramientos pendientes?: El dilema del nuevo CGPJ
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09/9/2024 00:45
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Actualizado: 09/9/2024 11:12
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Visto lo visto, teniendo en cuenta lo que ha costado nombrar a Isabel Perelló nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces se encuentran ante una decisión que marcará el éxito –o el fracaso– de su mandato.
Para ello deben ponerse de acuerdo para decidir por dónde deben comenzar los 102 nombramientos pendientes. La decisión no es baladí.
¿Deberían empezar por los presidentes de las Salas de lo Civil –Francisco Marín Castán se jubila el 10 de noviembre próximo–, Penal –Manuel Marchena cumple también en noviembre su segundo mandato y no es renovable–, Contencioso-Administrativo y Social?
¿O deberían empezar por los serios agujeros que presentan las Salas de lo Civil –4 vacantes de 10–; Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal –con 14 vacantes de 33–; de lo Social –7 vacantes de 13–; de lo Militar –3 de 8–; y de lo Penal –1 de 16–?
De acuerdo con fuentes consultadas por Confilegal, el camino que se tome va a ser de suma importancia. «Son 20 vocales y una presidenta que necesitan conocerse, entenderse y tender puentes. Si se escogiera la primera opción, la de renovar a los presidentes de Sala del Supremo primero, se puede correr el peligro de que ambas partes se encastillen otra vez, como ha ocurrido con la Presidencia. Y existe un serio peligro de que eso ocurra. No olvidemos que para que salgan adelante son necesarios 13 de 21 votos, una mayoría cualificada. El peligro de bloqueo está ahí».
Es necesario, por lo tanto, «engrasar» las relaciones. Porque hay que llegar a acuerdos sí o sí. No hay otra. Lo que posibilitó el nombramiento de Perelló en la doble Presidencia se produjo por la inminencia de la celebración del acto de apertura de tribunales, al que asistiría el Rey. Pero ahora ya no existe esa presión.
La situación en el Alto Tribunal no es nada buena. En especial en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la que, el año pasado, se dictaron 570 sentencias menos; en la de lo Social fue sensiblemente superior: 660. No son solo números. Detrás hay personas, empresas, economía…
LOS OTROS «AGUJEROS»
Tampoco hay que olvidar que existen otros «agujeros» importantes. Hay que renovar las 8 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia que perviven con el mandato fuera de su tiempo: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Y un buen número de presidentes de Salas de esos TSJ así como de magistrados. La maquinaria judicial está seriamente afectada por este bloqueo.
Sin olvidar 31 de las 50 presidencias de las Audiencias Provinciales.
Afrontar estas vacantes le va a llevar al nuevo CGPJ entre un año y un año y medio. Porque todo sigue un procedimiento reglado. Lo primero que se hace es publicar en el Boletín Oficial del Estado la candidatura y las bases de la convocatoria.
Una vez cerrado el plazo, toca estudiar las candidaturas, un proceso que puede ser lento porque, quizá, para una plaza se presenten 30 personas.
Ahí se revisan los requisitos objetivos, es decir, los años de antigüedad o si tienen la especialidad a la que se postulan. Si en esa primera revisión no cumplen los requisitos, directamente se les desecha.
En estos nombramientos los candidatos combinan dos tipos de méritos para ser elegidos: los requisitos objetivos, donde no hay más criterio que el cumplimiento estricto de lo que establece la ley, y la parte discrecional.
La siguiente fase es la de calificación. Tienen que pasar una entrevista personal que dura aproximadamente una hora ante la Comisión de Calificación.
En ellas el candidato expone su programa, sus méritos y contesta a las preguntas. Por ejemplo, si es candidato a ser magistrado de una Sala del Supremo, debe comentar las sentencias que haya dictado y que sean específicamente importantes. Las entrevistas son públicas y se pueden ver.
Y una vez que concluyen las entrevistas con todos los candidatos, la Comisión de Calificación eleva la propuesta al Pleno, que es el que tiene la última palabra y aprueba a quién es el más idóneo por una mayoría de 13 de 21.
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