Este 26 de agosto pasado se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, una normativa que prometía modernizar los procesos de reestructuración e insolvencia en España.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuraciones e Insolvencia (ASPAC) ha hecho un balance de este periodo, destacando avances importantes, pero también señalando retos que aún deben superarse para optimizar su aplicación.
Avances: Los planes de reestructuración, una herramienta prometedora
Uno de los principales logros de la reforma ha sido la introducción de los planes de reestructuración, un mecanismo diseñado para prevenir los concursos de acreedores mediante la negociación entre deudores y acreedores.
Esta herramienta permite la creación de clases de acreedores y facilita la negociación colectiva, evitando así la judicialización de los conflictos empresariales.
Según Diego Comendador, presidente de ASPAC, aunque «el número de planes aprobados hasta la fecha es aún modesto», la utilidad de esta figura ya ha quedado demostrada, sobre todo en casos de empresas con conflictos internos entre socios.
Comendador augura que el uso de estos planes aumentará considerablemente en los próximos años, dado que ofrecen «una mayor agilidad y mínima intervención judicial», lo que los hace atractivos tanto para empresas como para acreedores.
Sin embargo, aunque la flexibilidad y eficacia de los planes de reestructuración han sido bien recibidas, su escasa implementación refleja que aún se necesita más difusión y adaptación por parte de los operadores económicos y jurídicos para que esta herramienta alcance su pleno potencial.
Retos pendientes: Procedimientos para microempresas y concursos sin masa
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley Concursal es la aplicación de los procedimientos especiales para microempresas, que, según ASPAC, no han cumplido con las expectativas.
Aunque la reforma buscaba simplificar y reducir costes para estas pequeñas empresas, la falta de una plataforma telemática ha ralentizado su despliegue.
Este retraso, unido a la exclusión del administrador concursal en estos procesos, ha generado inquietudes sobre la transparencia y eficacia del sistema.
Comendador advierte que, en lugar de reducir los costes del proceso, este sistema simplemente transfiere los gastos del acreedor al Estado, lo que genera una falsa impresión de ahorro.
ASPAC reclama la inclusión de los administradores concursales para garantizar un control profesional y evitar que los deudores liquiden sus empresas sin supervisión.
Otro de los desafíos identificados por ASPAC es el aumento de los llamados «concursos sin masa», donde se permite concluir el proceso sin la intervención de un administrador concursal.
Esta situación preocupa especialmente a la asociación, ya que podría dar lugar a prácticas fraudulentas y a la liquidación de empresas sin una supervisión adecuada de sus activos y pasivos.
Para ASPAC, es imprescindible un mayor control para evitar que los empresarios vacíen sus empresas antes de declararse en concurso.
El futuro: Necesidad de ajustes y mayor profesionalización
A pesar de los avances, ASPAC hace un llamamiento a seguir ajustando el marco normativo de la Ley Concursal para hacerla más eficiente y profesional.
Entre las medidas que la asociación considera esenciales está la creación de un Estatuto del Administrador Concursal que regule esta figura y su papel en los procedimientos de insolvencia.
Asimismo, ASPAC insiste en la necesidad de implementar definitivamente la plataforma telemática para microempresas, que permitiría acelerar los procesos y reducir costes.
Comendador concluye subrayando que la evolución del sistema concursal español dependerá en gran medida de la capacidad del legislador para afinar los aspectos técnicos y operativos de la ley.
Solo con un marco regulatorio actualizado y eficiente, la Ley Concursal podrá alcanzar su objetivo de ser una herramienta efectiva, justa y transparente para la reestructuración y la insolvencia empresarial.
Dos años después, el balance de la Ley Concursal es positivo en muchos aspectos, pero aún requiere ajustes clave para alcanzar todo su potencial en la práctica.
