Xavier Gil Pecharromán, expresidente de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), ha sido distinguido con el Premio a la excelencia concursal de la Asociación Española de Administradores Concursales (ASPAC) por su artículo titulado “Hacienda convierte en profesión de riesgo la administración concursal”.
El artículo premiado, dotado con 2.000 euros, es una defensa de la profesión de administración concursal.
Este premio tienen como objetivo reconocer la trayectoria profesional y la contribución a la investigación y el desarrollo en materia concursal, así como distinguir la labor de los periodistas que cubren el sector de la Administración Concursal.
En el artículo, publicado en El Economista, donde hasta hace poco Gil Pecharromán era director de la revista de Buen Gobierno, Iuris & Lex y RSC, señala que es consecuencia del incremento del número de derivaciones de responsabilidad realizadas por la Agencia Tributaria (AEAT), en las que culpabiliza a estos profesionales de la falta de cobro de las deudas que contrajo la concursada con Hacienda.
“La derivación de responsabilidad es el procedimiento iniciado por parte de Hacienda para reclamar el pago de las deudas y sanciones pendientes, tanto tributarias como no tributarias, a las personas o entidades a las que la normativa tributaria considera responsables como consecuencia de haber realizado determinadas actuaciones o comportamientos regulados en la Ley. Entre ellas, se encuentran incluidos los administradores concursales”, explicó durante el acto en el recibió el galardón de manos de Enrique Díaz, director del Departamento Concursal de IAG.
En muchas ocasiones esos expedientes de derivación se fundamentan en elementos meramente formales, como pueden ser unos impresos rectificativos de IVA, que no se han podido presentar por falta de información, porque la empresa no le ha facilitado todos los datos necesarios al administrador concursal.
“La Ley, no obstante, es tajante puesto que dice que todos los impuestos que no haya presentado la empresa los debe presentar el administrador concursal”, relató.
PRUEBA DIABÓLICA
Y continuó: “La prueba se convierte así en diabólica, ya que el profesional, para evitar estas nefandas consecuencias, se encuentra ante el dilema de inventarse una declaración para cumplir con los plazos, lo cual sería aún peor, porque le podrían acusar de falsificación de documento público, o no presentar el impuesto, con lo cual le pueden derivar esa responsabilidad”.
Lo más espinoso, según Gil Pecharromán, ha sido la persistencia en no aprobar el Reglamento Concursal. En no regular el acceso a la profesión para eliminar la morralla de temerarios que sin conocimientos profesionales suficientes esperan que el estar en una lista apuntados les de la oportunidad de dirigir un concurso.
“Me he llevado una alegría al escuchar al secretario general técnico del Ministerio de Justicia que el Reglamento estará listo en el corto plazo. Se trata de un texto fundamental y necesario para que los procedimientos funcionen y para acabar con la desconfianza sobre el colectivo de administradores concursales por ese ingente rosario de personas que se han apuntado para ser designadas como expertos sin haberse ni leído la Ley”, afirmó.
Y concluyó con una declaración de principios: “Mi trayectoria en lo que, al Derecho Concursal, como periodista, es anterior a la entrada en vigor de la actual normativa. He mantenido una posición muy crítica con muchas de las partes fundamentales del texto y con las interminables reformas que se han realizado. Siempre con tensiones entre Justicia, Economía y Hacienda”.
“Gracias al altísimo nivel de los magistrados Mercantiles se ha logrado salvar los muebles durante años, tapando las lagunas y las incoherencias del texto legislativo. Especialmente he venido siendo crítico con la última reforma. Me asombró el desprecio del prelegislador con los administradores concursales. Y, principalmente, el nuevo sistema procedimental de las microempresas, con una responsabilidad traspasada a los pequeños comerciantes, y una plataforma de liquidación fantasmagórica. Y, para colmo con una prevalencia del crédito público en los procedimientos de segunda oportunidad que es un auténtico lastre para la vuelta del empresario al mercado”.
