El conocido como «caso Candy» da un giro más, con la petición de la defensa de la denunciante de aumentar las medidas de protección para la misma. Ello, ante la insistencia de Candy a la hora de romper la orden de alejamiento de su expareja.
Rosa (nombre ficticio) soportó durante más de diez años el maltrato físico y psicológico de su pareja sentimental. Algo ante lo que, hace cinco años, la mujer decidió romper la relación, y denunciarle en repetidas ocasiones ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.
Denuncias que se repetían a lo largo del tiempo. Y que, en este mes de julio, llevaban al Juzgado de Violencia contra la Mujer nº4 de Sevilla a interponer, como medida cautelar contra Candy, la prohibición de que se acerque a su expareja a menos de 300 metros.
Distancia que, según el auto, también debía mantener «de su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro en el que se encontrase, así como comunicarse con la víctima».
Una prohibición que rompía el investigado del caso Candy en menos de un mes, tal y como destacan desde Sires Abogados. «El investigado vuelve a personarse en el domicilio de la víctima, incumpliendo la orden de alejamiento, insultándola y amenazándola desde la puerta».
Más medidas de protección para la víctima del caso Candy
«La puesta en libertad del encausado ha puesto de manifiesto una falta de respeto absoluta a la autoridad judicial». Así se expresa la defensa de la mujer en las alegaciones realizadas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2 de Sevilla.
Escrito en el que ponen de manifiesto, según informa Sires Abogados, el «peligro inminente» para la integridad de la víctima de Candy. Un peligro ante el que solicitan la adopción de nuevas medidas de protección a la víctima del caso Candy.
En concreto, solicitan que se adopte «un mecanismo de control sobre la localización del encausado». Dispositivo que emita una alerta en el caso de que Candy se acerque a menos de 300 metros de la víctima.
Del mismo modo, señala el bufete, y dado el riesgo al que se somete la víctima ante los repetidos episodios de violencia, se plantea la posibilidad de «acordar otras medidas más efectivas, como la prisión preventiva, al darse el riesgo de reincidencia».
