El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el ‘caso Koldo’, ha acordado citar como testigos al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González —‘Lenin’–, el ‘número 3’ de Interior.
También cita a las autoras del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativo a los expedientes objeto de investigación.
En tres autos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, el magistrado resuelve así sobre las últimas peticiones de las acusaciones en el marco de la investigación que sigue por las presuntas comisiones por las adjudicaciones para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El ‘número 3’ de Interior
El nombre de este alto cargo del Ministerio del Interior salió en la declaración como testigo que prestó el que era subsecretario de la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, quien dijo que José Antonio Rodríguez González —‘Lenin’– le indicó que se pusiera en contacto con la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior fue uno de los organismos que adjudicó un contrato de mascarillas a esta empresa, cuantificado en 3,4 millones de euros, en 2020.
En otra de las resoluciones, el instructor accede a la petición de la acusación popular Liberum, que consideró necesario arrojar luz sobre la falta de justificación en la recepción de las mascarillas –objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión SL–.
Así, acuerda citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García.
En un segundo auto, el juez Ismael Moreno accede a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la Agencia Tributaria para que designe a funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública tanto Soluciones de Gestión SL como Víctor de Aldama –el presunto conseguidor de la trama– en el ejercicio 2020.
BALEARES Y CANARIAS
Asimismo, el juez accede a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y solicita a los Servicios de Salud de las Islas Baleares y de Canarias una copia de todos los buzones del correo electrónico corporativo de varios ex altos cargos.
Uno de ellos es Antonio Mascaró, exsubdirector de Compras y Logística de las Islas Baleares que firmó el 12 de agosto de 2020 un certificado en el que constaba, a petición de Soluciones de Gestión, que no se tenía «conocimiento» en ese momento «de ninguna incidencia» y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios.
El magistrado también ordena que le remitan toda la documentación sobre los contratos adjudicados por ambas comunidades a Soluciones de Gestión que no se hubiesen proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción.
Y, respecto a otro de los principales investigados, el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, el juez ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las cuotas que eventualmente no habría pagado a Hacienda ni él ni la empresa Soluciones de Gestión en 2020.
