La incertidumbre ante la posibilidad de quedarse sin asistencia sanitaria ha empujado a las 4 asociaciones de jueces a emitir este comunicado.

Preocupación entre las 4 asociaciones de jueces por la falta de acuerdo Gobierno-Mugeju: la asistencia sanitaria en la incertidumbre

4 / 10 / 2024 13:41

Actualizado el 04 / 10 / 2024 14:04

Las principales asociaciones judiciales de España han emitido un comunicado expresando su preocupación ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y las compañías aseguradoras que prestan asistencia sanitaria a través de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

Esta situación podría desencadenar la no licitación de los servicios de asistencia sanitaria, lo que podría dejar sin cobertura médica a jueces, magistrados y sus familias, además de empleados públicos y beneficiarios de MUFACE e ISFAS.

Las asociaciones de jueces advierten de efectos «gravemente perjudiciales e irreparables»

Las asociaciones firmantes del comunicado –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, y el Foro Judicial Independiente– advierten que, de consolidarse esta situación, los efectos serían gravemente perjudiciales e irreparables para todos los beneficiarios.

A día de hoy, ni el Gobierno ni las aseguradoras han ofrecido explicaciones ni soluciones a este escenario alarmante, lo que incrementa la incertidumbre entre los afectados.

En su solicitud al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las asociaciones judiciales exigen información precisa sobre el estado actual de las negociaciones y piden que se tomen las medidas necesarias para evitar la interrupción de un servicio de salud tan esencial.

Subrayan que la falta de cobertura sanitaria podría causar un impacto severo, especialmente considerando que hasta ahora, los beneficiarios de MUGEJU, MUFACE e ISFAS han confiado en este sistema de asistencia médica.

Las asociaciones están a la espera de una respuesta oficial y reiteran su disposición para colaborar en la búsqueda de una solución que garantice la continuidad de la protección sanitaria para miles de jueces, empleados públicos y sus familiares.

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