De izquierda a derecha: Eduardo Torres-Dulce, Cristina De Vicente y Francisco Sosa. Foto: Blanca Valdés/Confilegal

La Fiscalía y el CGPJ: las luces y sombras de la Constitución, según Torres-Dulce y Sosa Wagner

5 / 10 / 2024 05:36

Actualizado el 07 / 10 / 2024 11:20

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acogió el pasado viernes la III Jornada por el Estado de Derecho organizada por la asociación Foro Judicial Independiente. En ella participaron alrededor de nueve juristas que, a lo largo de cinco horas, hablaron de independencia judicial, separación de poderes, la fiscalía europea y el horizonte del Ministerio Fiscal.

Unas jornadas en las que participaron el exfiscal general del Estado (2011-2014), Eduardo Torres-Dulce y el catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Sosa Wagner.

En la mesa redonda, moderada por la magistrada de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Cristina De Vicente, se habló sobre el Ministerio Fiscal y la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco pasó desapercibido.

Torres-Dulce comentó que, cuando ingresó en la carrera fiscal en 1975, creía que entraba en una carrera de alto nivel técnico jurídico en la que se buscaban principalmente criterios de imparcialidad a la hora de aproximarse a los justificables y a los hechos.

Durante su intervención, quiso hacer alguna reflexión.

Por un lado, se preguntó el motivo por el cuál tenía que existir el Ministerio Fiscal porque, para él, siempre es muy importante cuestionarnos sobre si una institución es necesaria o no.

Como anécdota, comentó a los oyentes que cuando era fiscal jefe de la Secretaría Técnica en 1997 tuvo una reunión con el embajador de Chile. Éste le dijo que, en su país, no tenían esta institución y le expresó su deseo de tenerlo.

Por lo que comenzaron a enviar allí a profesionales para que se desarrollara el Ministerio Fiscal chileno.

Una institución absolutamente necesaria

Tras esta primera reflexión, llegó la segunda, ambas estaban relacionadas. Para Torres-Dulce es una institución absolutamente necesaria.

«Hay algo que no conviene olvidar, y es que toda la estructura judicial de un país reside fundamentalmente en el concepto de contrato social, que a partir de Hans Kelsen fundamentalmente significa la Constitución«.

«Intentar rebajar la institución del Ministerio Fiscal a una poderosa perspectiva jurisdiccional es un error», comentó. Pues «la perspectiva es constitucional». Y «más desde la de 1978 y del modelo, con sus aciertos y sus errores, con sus luces y sus sombras, del artículo 124«.

De modo que Torres-Dulce resaltó que, quien de alguna forma pretenda reducir el papel institucional del Ministerio Fiscal, «está dando pasos fuera de la Constitución».

Por último, finalizó su intervención manifestando que está prohibido nombrar a una ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. Eso no se puede hacer y es anticonstitucional.

Sosa Wagner comentó que lo que estamos viviendo en los últimos años -y días-, «es un despiece inmisericorde, irresponsable y frívolo de las instituciones básicas del Estado». Algo que calificó de una «gravedad extraordinaria».

El catedrático y ensayista detalló que un sistema político no puede sobrevivir si no creen en él sus protagonistas, es decir, los partidos políticos y los ciudadanos. Lo que se está viendo ahora es que representantes de los partidos que Gobiernan España «simple y llanamente» no creen en ese sistema.

El sistema político tiene los días contados

Y pese a que no quería llevar «al ánimo a la desesperanza» apuntó que «el sistema político constitucional español que nació en 1978 tiene sus días contados, Tiene una sentencia de condena».

Desde su punto de vista, «es imposible que se pueda mantener con una deformación tan grande de los instrumentos básicos que permiten mantener erguido un Estado». A ello añadió que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es necesario. «No es un instrumento indispensable de la caja de herramientas de un sistema democrático», de hecho, «en muchísimos países no lo tienen». Por ejemplo, en Estados Unidos o los países nórdicos.

«Creo que es un órgano fallido de la Constitución y se podría haber prescindido de él». Además, ha causado una gran «perturbación para el normal funcionamiento del Estado de Derecho» por las crisis que ha tenido.



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