El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, comentó el pasado lunes en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) la importancia de combatir eficazmente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. «No sólo es tarea de jueces y fiscales, es responsabilidad de toda la sociedad».
Para el magistrado, es fundamental reforzar e incrementar las vías legales para luchar contra esta lacra social. Destacó la importancia de hacerlo con leyes, también, con la implantación de políticas de prevención y educación. Igualmente, abogó por establecer proyectos de concienciación social que promuevan, por ejemplo, la idea de que consumir prostitución no es inofensivo, sino que alenta la trata.
Además, destacó la importancia de los centros de acogida para las víctimas de trata de seres humanos que les ayuden a recuperarse proporcionándoles unas condiciones de vida idóneas con miras a su vuelta a una vida independiente.
«Es necesario revisar si el marco jurídico internacional, europeo y nacional, son suficientes para garantizar la protección, recuperación y reparación de las víctimas».
Sánchez Melgar comentó que, durante su etapa como Fiscal General del Estado (2017–2018) la trata fue una de sus prioridades. Entendía la Fiscalía no solamente como institución para la lucha contra la criminalidad, sino también como magistratura de amparo a favor de los más desprotegidos. Y, en esta materia, «la vulnerabilidad es tan intensa que la institución tiene que hacer un suplementario esfuerzo por proteger a las víctimas».
Un delito que atenta contra la dignidad humana
En su intervención, confesó que es un delito que «nos golpea incesantemente» y que atenta contra la dignidad humana. Con una preocupación evidente, calificó este fenómeno de «la esclavitud del siglo XXI» al venir disfrazada de uno de los negocios más lucrativos que existen en el mundo. Está por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.
Hay muchas causas que impulsan a las personas a dejar atrás sus países de origen, recordó. Entre ellas, la persecución religiosa, étnica, cultural, racial o política, así como situaciones de conflicto civil o militar, como se ha visto recientemente en la guerra de Ucrania. La pobreza extrema y las condiciones de vida precarias en sus ciudades también juegan un papel fundamental.
Los tratantes aprovechan esta situación y atacan a las personas aprovechándose de su vulnerabilidad, de su necesidad, de su falta de recursos y prometen falsas esperanzas a quienes más desprotegidos se encuentran.
El magistrado no quiso pasar por alto que la trata de seres humanos afecta, sobre todo, a mujeres y niñas, lo cual la convierte en una forma extrema de violencia de género. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 72% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas.
Esta misma oficina detectó entre 2003 y 2016 un total de 225.000 personas afectadas, y tres cuartas partes eran mujeres y niñas. En 2021, España alcanzó un total de 136 víctimas de trata con fines de explotación sexual según el Balance estadístico 2017-2021 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Sin embargo, el magistrado resaltó que estas cifras n eran oficiales porque en realidad «hay muchos más».
Trata de blancas en los tribunales
En su intervención quiso recordar el número de personas enjuiciadas por el delito de trata de seres humanos en 2022. En total, hubo 40 condenados, de los cuales, 21 eran hombres y 19 mujeres. De ellos, 7 eran españoles y 33 extranjeros.
En esta línea, citó la sentencia 396/2019, que hace referencia a cómo las redes criminales traen a las víctimas a España para obligarlas a ejercer la prostitución en clubes de alterne repartidos por todo el país, sometiéndolas a condiciones inhumanas y privándolas de sus derechos.
Posteriormente nombró la 943/2021 de 1 de diciembre, que trataba un caso de venta de mujeres de nacionalidad rumana embaucadas por uno de los acusados que les prometía parabienes, trabajo, vivienda y un futuro prometedor. La cruda realidad es que se les estaba ofreciendo un club de alterne mediante el método «Lover boy»
Uno de los puntos centrales de su ponencia fue el análisis de la Directiva (UE) 2024/1712, que actualiza el marco normativo europeo para combatir la trata y proteger a las víctimas. La normativa establece, entre otras cosas, la necesidad de que los Estados miembros garanticen sistemas de recopilación de datos estadísticos anonimizados sobre trata.
