Nicolás González-Cuéllar, reputado abogado, catedrático de derecho procesal y presidente de la Sección de Derecho Procesal del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha hecho un llamamiento a los 45.000 colegiados ejercientes de esta organización de derecho público para acabar con la «costumbre» que tienen fiscales y abogados del Estado de permanecer en la sala de vistas entre juicios, con la permisividad de los magistrados.
Para ello ha propuesto a sus colegas que durante dos meses, en cada causa en la que tengan que tomar parte, informen a fiscales, abogados del Estado y jueces, que acabado ese plazo se van a negar a entrar en sala si los fiscales y abogados del Estado no salen previamente y vuelven a entrar con ellos, en situación de igualdad.
«Tiene que acabarse la costumbre que tienen fiscales y abogados del Estado, con la connivencia de los jueces, de permanecer en las salas de vistas entre cada juicio. Vulnera la igualdad de armas y pone en tela de juicio la apariencia de imparcialidad de las tres profesionales: jueces, fiscales y abogados del Estado», ha declarado González-Cuéllar a Confilegal.
«La jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice con toda claridad que tan importante como la imparcialidad es la apariencia de imparcialidad. Que fiscales y abogados del Estado permanezcan en la sala de juicios departiendo con sus señorías, a veces hasta haciendo chistes y riéndose proyecta un mensaje que hace trizas el principio de confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia«, ha añadido el abogado.
De acuerdo con el también vocal permanente de la Comisión General de Codificación, ese «trato privilegiado» de los jueces hacia fiscales y abogados del Estado tiene que acabarse de una vez por todas.
«Es humillante para los justiciables que el fiscal que los acusa departa amigablemente con el juez o jueces que los va a juzgar. Hay que acabar con esta inercia funcionarial, con esta costumbre negativa que lo único que comunica es una imagen de conchabeo entre jueces, fiscales y abogados del Estado», concluye.
Pablo Morenilla, vicepresidente de esta misma Sección de Derecho Procesal del ICAM, comparte y secunda la iniciativa de González-Cuéllar.
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