En un auditorio cargado de expectativas, Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, inauguró el DATAfórum Justicia 2024, un evento que marca un hito en la reflexión y aplicación de tecnologías avanzadas en el ámbito judicial español.
Este foro anual, organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebra del 11 al 13 de noviembre en el Paraninfo PTS de la Universidad de Granada, y promete ser un escaparate de las reformas tecnológicas que están redefiniendo el sistema judicial.
Olmedo, en su intervención, no solo enumeró los avances logrados, sino que trazó una línea de continuidad histórica, planteando preguntas de gran calado: ¿Hasta qué punto la tecnología puede —y debe— transformar la justicia? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de esta digitalización?
Para muchos, la promesa de una justicia más accesible y eficiente parece innegable, pero los desafíos éticos y sociales están igualmente presentes en el debate.
Transformación sin precedentes
Según Olmedo, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, está impulsando «la mayor transformación de la Justicia en décadas».
Esta afirmación revela la ambición de un cambio de paradigma que deja atrás el tradicional enfoque documental para centrarse en el dato.
En otras palabras, la justicia española transita hacia un sistema basado en el análisis y manejo ético de grandes volúmenes de información, apoyado por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la robotización.
¿Es este un modelo que otros países observarán e imitarán? ¿O aún quedan preguntas sin respuesta sobre el alcance y límites de esta transformación?
Robotización
Olmedo detalló algunos de los logros más recientes en este proceso de digitalización y robotización de la justicia. Gracias a estos avances, la Administración ha logrado reducir miles de horas de trabajo en procesos complejos y tediosos, como la cancelación de antecedentes penales o la gestión de depósitos judiciales.
Además, los beneficios se extienden a los ciudadanos: pensiones alimenticias y rentas impagadas han podido llegar a tiempo a sus destinatarios legítimos, un hecho que ilustra el impacto social y humano de una justicia modernizada.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿a qué precio automatizamos estos procesos? ¿Estamos preparados para confiar plenamente en que las máquinas gestionen decisiones que afectan directamente a la vida de las personas?
El dato como protagonista
El foro no se limita a la exposición de logros tecnológicos. En su primera jornada, una serie de charlas magistrales ofrecieron perspectivas diversas sobre el uso del dato y su impacto social, involucrando a expertos de distintos sectores.
Entre los ponentes destacados estuvo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien exploró el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, abriendo la puerta a un debate sobre sus implicaciones éticas.
Paloma Jara, directora de RTVE Andalucía, analizó el uso de datos en los medios de comunicación, destacando cómo la tecnología también redefine la relación entre los medios y el público.
Marina Marroquí, educadora social y especialista en violencia de género, ofreció una visión crucial sobre la violencia sexual en la adolescencia desde una perspectiva basada en el dato, revelando cómo la información puede ayudar a detectar y prevenir estas conductas.
Este encuentro plantea cuestiones fundamentales: ¿Hasta qué punto puede la tecnología abordar problemáticas sociales tan profundas y complejas? ¿La dependencia del dato y la inteligencia artificial podría deshumanizar el proceso judicial?
El foro invita a la reflexión y el debate, planteando una transformación que, a todas luces, está en marcha pero cuyo destino aún plantea preguntas importantes para la sociedad y la justicia.
