El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, calificó la convocatoria de 500 nuevas unidades judiciales, anunciada por el ministro Félix Bolaños, como una medida “sin precedentes en la historia reciente de la justicia”.
Fue durante su intervención en las Jornadas procesales sobre Tribunales de Instancia y el nuevo modelo de Justicia. Dichas Jornadas organizadas por la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), de la que es presidente el letrado judicial Alejandro Asensio, se celebraron en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos en la Plaza de Manuel Becerra de Madrid.
Olmedo subrayó el carácter excepcional de la medida: “Nunca jamás se había podido tramitar un real decreto de creación de tantas unidades judiciales”, afirmó, recordando que en etapas anteriores “con mucho esfuerzo presupuestario se creaban 70 al año y en otros ejercicios ninguna”.
El acuerdo alcanzado con el Consejo General del Poder Judicial permitirá convocar 375 plazas por el turno libre y 125 por el cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia, dando cumplimiento a una previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1985.
Los tres problemas endémicos y la respuesta de los Tribunales de Instancia
El secretario de Estado articuló su intervención en torno a lo que definió como los tres problemas endémicos de la justicia española, frente a los que —subrayó— nacen precisamente los Tribunales de Instancia.
El primero es la organización de la primera instancia, que calificó de “muy rígida e ineficaz”. El modelo de juzgados unipersonales, explicó, había generado importantes desigualdades dentro de un mismo partido judicial, con órganos al día y otros colapsados, afectando directamente a la igualdad de los ciudadanos ante la justicia.
El segundo problema es la alta litigiosidad. “La litigiosidad en España es superior a la media de los países de nuestro entorno europeo”, señaló Olmedo, lo que somete al sistema a una presión constante y dificulta una respuesta ágil.
El tercer gran cuello de botella es el déficit de jueces y fiscales. “Los observatorios externos coinciden en que el número de jueces y juezas en España es inferior al de otros países europeos”, afirmó, una carencia que se traduce en sobrecarga estructural.
Frente a este diagnóstico, Olmedo fue claro: “Los tribunales de instancia vienen precisamente a hacer frente a estos problemas endémicos”, al permitir una organización más flexible de la primera instancia, una mejor distribución de cargas de trabajo y una planificación más precisa de los recursos humanos, apoyada en datos comparables entre órganos similares.
Implantación y primeros resultados
En este marco, defendió la implantación del nuevo modelo organizativo, que ya está plenamente desplegado. Los 431 tribunales de instancia están en funcionamiento, junto con más del 96 % de las oficinas judiciales y de las oficinas de justicia en el municipio, los antiguos juzgados de paz reconvertidos.
Aunque reconoció que la fase más reciente apenas lleva semanas operativa, destacó los primeros efectos positivos: “Estamos viendo ya una reducción generalizada de determinadas pendencias”, especialmente en actuaciones de comunicación y en la incoación de ejecuciones.
En términos medios, apuntó, los descensos rondan el 30 %, con resultados aún más acusados en algunos territorios.
Olmedo rechazó las críticas que hablan de improvisación en la puesta en marcha de los tribunales de instancia: “No es justo decir que esto se ha hecho a toda prisa, sin planificación y sin financiación”.
Recordó que el proyecto comenzó a gestarse en 2020, que en 2022 se creó una oficina específica de implantación y que el despliegue se ha realizado de forma coordinada con las comunidades autónomas y con diálogo constante con los operadores jurídicos.
Las dificultades con el personal interino
El secretario de Estado sí reconoció dificultades coyunturales en materia de personal, especialmente vinculadas al empleo temporal.
“Se nos han juntado varios movimientos de personal en un momento ya de por sí delicado”, explicó, en referencia a los procesos de estabilización derivados de la jurisprudencia europea sobre el abuso de la temporalidad.
La implantación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo ha coincidido con la incorporación de personal fijo y el cese de interinos que llevaban años prestando servicio, lo que ha generado tensiones organizativas.
Según Olmedo, esta situación está siendo monitorizada de forma permanente, en diálogo con los sindicatos y a través de las mesas de seguimiento, para reducir su impacto en el funcionamiento cotidiano de los tribunales, en clara referencia a lo denunciado tres jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.
410 millones de fondos europeos para la transformación
Olmedo detalló también el destino de los 410 millones de euros de fondos europeos Next Generation asignados a justicia. De ese total, 110 millones se han destinado a infraestructuras y equipamiento tecnológico, incluyendo centros de proceso de datos, modernización de puestos de trabajo y refuerzo de la ciberseguridad.
Otros 114 millones se han dedicado a interoperabilidad, logrando que los sistemas de gestión procesal de distintos territorios “por fin se hablen entre sí”.
Además, 15 millones de euros se han reservado para acciones específicas de apoyo a la implantación del nuevo modelo y 60 millones para la rehabilitación energética de edificios judiciales.
A ello se suman inversiones en proyectos como Carpeta Justicia y en la digitalización integral de procedimientos.
“Se puede gastar más, pero se ha gastado mucho y con un objetivo claro”, defendió el secretario de Estado.
Menos litigiosidad y más soluciones extrajudiciales
Finalmente, Olmedo subrayó el papel positivo de los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) como respuesta directa al problema de la alta litigiosidad.
Según reveló, los primeros meses de aplicación reflejan una reducción de alrededor del 20 % en la entrada de asuntos civiles.
“No se puede seguir judicializando de manera automática conflictos que tienen solución fuera de los tribunales”, afirmó, destacando la introducción del concepto de abuso del servicio público de justicia y los incentivos previstos en la asistencia jurídica gratuita para fomentar la cultura del acuerdo.
“Más jueces, una nueva organización judicial y menos litigiosidad”, concluyó Olmedo, “son los pilares del modelo de justicia que estamos construyendo, porque cuando defendemos la justicia, defendemos también la democracia y el Estado de derecho”.
