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Opinión | El Real Decreto-ley 6/2024 para apoyar a los afectados por la DANA
13/11/2024 05:35
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Actualizado: 12/11/2024 21:06
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El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, que establece un conjunto de medidas urgentes para apoyar a los ciudadanos y empresas afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que golpeó diversas zonas del país entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Las inundaciones provocadas por la DANA han ocasionado cuantiosos daños en infraestructuras, viviendas, explotaciones agrarias y negocios, generando una respuesta inmediata de las autoridades con este paquete de medidas. Por ello, el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, pretende movilizar un presupuesto de 10.600 millones de euros para atender a los municipios afectados.
Este plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento está destinado a 78 municipios: 75 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, aunque este número podría incrementarse.
Entre las principales disposiciones del Real Decreto Ley se encuentra una moratoria en el pago de las hipotecas y créditos al consumo para las personas y empresas afectadas.
Esta medida permite a los deudores suspender sus pagos durante los primeros tres meses sin necesidad de amortizar capital ni pagar intereses. Una vez transcurrido este período, los afectados podrán reanudar el pago de intereses ordinarios.
Esta medida busca proporcionar un alivio temporal para quienes han visto reducida su capacidad económica debido a los daños sufridos en sus propiedades o medios de subsistencia.
El Real Decreto-Ley también incluye ayudas directas para la reconstrucción y recuperación de viviendas, negocios y cultivos destruidos o dañados por las inundaciones.
Los fondos estarán disponibles para residentes, agricultores y propietarios de negocios en las zonas declaradas como gravemente afectadas, y se espera que estas ayudas contribuyan a restaurar rápidamente las infraestructuras y apoyar la reactivación económica de las áreas perjudicadas.
Estas ayudas no estarán sujetas a devolución en un plazo de tres meses, lo que permite a los afectados contar con un respaldo económico sin generar nuevas obligaciones financieras a corto plazo. Además, el decreto especifica que los procedimientos para solicitar estas ayudas serán ágiles y simplificados, para que los afectados puedan acceder a ellas sin demoras.
En materia de derecho fiscal, el Real Decreto-ley 6/2024 contempla también una serie de exenciones fiscales temporales y beneficios para las empresas que han sufrido pérdidas a raíz de la DANA.
Entre las medidas fiscales, destacan las bonificaciones en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas dañadas y reducciones en el impuesto de actividades económicas (IAE) para empresas afectadas. Asimismo, las empresas que realicen contrataciones de personal temporal para labores de reconstrucción podrán beneficiarse de exenciones en las cuotas a la Seguridad Social, lo que facilitará la creación de empleo en las zonas perjudicadas.
El sector agrícola, uno de los más afectados por la DANA, recibirá una atención especial en este Real Decreto-ley. Los agricultores y ganaderos podrán acceder a subvenciones específicas para reponer cultivos y ganado perdido, además de recibir apoyo técnico para evaluar y mitigar los daños.
Asimismo, se contemplan ayudas para la adquisición de maquinaria agrícola y materiales necesarios para la reactivación de las explotaciones.
La norma legal pone en el epicentro de la intervención administrativa a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Todas estas entidades públicas territoriales colaborarán activamente en la implementación de estas medidas, asignándoles un papel clave en la identificación de los afectados y en la coordinación de los recursos disponibles.
Además, se les anima a desarrollar programas de empleo y capacitación local para fomentar la creación de empleo en las áreas afectadas, contribuyendo así a una recuperación sostenible.
El Real Decreto-ley 6/2024 muestra la intención del Gobierno de responder de manera rápida y eficaz a las catástrofes naturales, mediante una combinación de ayudas directas, beneficios fiscales y medidas sociales que permitan la pronta recuperación de los afectados. La iniciativa pretende no solo mitigar los efectos inmediatos de las inundaciones, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a eventos climáticos extremos en el futuro.
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