España ha perdido en los tribunales británicos su recurso para cobrar 855 millones a la aseguradora del ‘Prestige‘, en el marco de los pasos judiciales dados tras la catástrofe marítima con el hundimiento del petrolero el 19 de noviembre de 2002.
Esto se produce después de que el Tribunal de Apelación de Londres rechazase el recurso planteado por España para que se ejecutase en Inglaterra la sentencia española por la que se obligaba a la aseguradora a abonar la factura de los daños en base al seguro.
Entre otras cuestiones, España se basó, en su momento, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pero desde la justicia británica se rechazó que la decisión le vinculase al entender que el tribunal europeo se había excedido en su jurisdicción.
Y es que en 2022, el TJUE concluyó que el arbitraje planteado en el Reino Unido no podía bloquear la condena a la aseguradora del barco a reparar los daños causados por la marea negra, cuestión en la que los tribunales británicos difieren.
Todo esto después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, en su fallo condenatorio, considerase que la aseguradora London P&I Club tenía que indemnizar al Estado.
Ya con posterioridad, el Tribunal Supremo, en los recursos posteriores, condenó a dos años de prisión al capitán del buque como autor responsable de un delito imprudente contra el medio ambiente, además de declarar la responsabilidad civil del marinero, de la aseguradora, de la propietaria del barco y del Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos (FIDAC).
