Miguel Durán con los miembros de la Junta Directiva del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real. De izquierda a derecha, Miguel Henares, vicepresidente segundo y guardia civil, José Ariza, vicepresidente primero y policía nacional, Durán, Eliud Vega, presidente y policía nacional, y Rubén Barcala, tesorero y policía nacional en una imagen tomada el pasado 4 de septiembre, cuando asumió su representación. Foto: Confilegal.

Miguel Durán mueve la primera ficha por la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con policías autonómicas

Enrique de la Llave

29/12/2024 00:35

Actualizado: 29/12/2024 00:39

Ya lo advirtió Miguel Durán, socio director de la conocida firma Durán & Durán Abogados, el pasado 4 de septiembre, cuando asumió la causa por la equiparación económica de policías nacionales y guardias civiles con policías autonómicas, en representación del Movimiento Reacciona por la Equiparación Salarial.

«No puede haber una causa más justa. No se está cumpliendo el principio sagrado de a igual trabajo igual salario. A día de hoy un mosso d’Esquadra, por poner un ejemplo, gana más de 6.000 euros anuales que un policía nacional o un guardia civil; sus pagas extraordinarias son un 40 % mayores», dijo entonces Durán.

Ahora acaba de dar el primer paso. Un documento que no es más que un torpedo de largo alcance directo al Ministerio del Interior. No por inesperado, claro está, porque en esta historia ya nos conocemos todos los papeles, pero sí por la carga de pólvora seca que lleva dentro.

Y lo ha hecho en nombre de varios agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional, interponiendo una reclamación administrativa previa ante la cartera del Interior, reivindicando esto, algo tan básico como justo.

Y no, no se habla de caprichos ni de lujos sino de poner fin a décadas de una discriminación tan descarada como ofensiva. Porque lo que el Gobierno de España lleva perpetrando contra más de 150.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no es otra cosa que una humillación con bozal legal.

El texto, frío como un bisturí, lo firman dos agentes. Una de la Guardia Civil y otra de la Policía Nacional, que, sin pelos en la lengua, ponen sobre la mesa las diferencias salariales entre ellas y cuerpos autonómicos como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y hasta la Policía Canaria.

“¿Igualdad? ¿En serio?”, parece gritar cada línea. Porque aquí no se trata solo de dinero, aunque eso ya sería suficiente, sino de dignidad. “Mismos riesgos, misma responsabilidad, mismo uniforme, ¿pero sueldos distintos? ¿Con qué cara pretenden justificarnos esto?”, parece resumir la queja.

Y claro, las leyes están de su parte. Los principios constitucionales del artículo 14, las normativas europeas sobre igualdad salarial, contenidas en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y hasta el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo.

Todo un arsenal jurídico que deja poco espacio para las excusas, salvo que el Gobierno quiera seguir tirando balones fuera, como lleva haciendo desde aquel lejano marzo de 2018, cuando firmó un acuerdo de equiparación que todavía duerme en algún cajón, devorado por las polillas de la desidia política.

TAMBIÉN ES UNA CUESTIÓN DE GÉNERO

Pero, ojo, que aquí no solo se habla de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esto también es una cuestión de género. Porque, como bien argumentan las agentes, esta desigualdad afecta de forma desproporcionada a las mujeres, que, en su doble condición de servidoras públicas y mujeres, llevan la peor parte de un sistema que hace aguas por todas partes.

Sin embargo, y esto es importante, no han querido convertir la reclamación de la equiparación en un manifiesto feminista: el agravio es contra todos, hombres y mujeres, por igual.

Lo más jugoso del documento, claro está, es el capítulo de acusaciones. Porque lo que realmente duele es el incumplimiento sistemático de lo que alguna vez prometieron los gobiernos, sean del color que sean.

Aquí no hay inocentes. Ni los que firmaron el acuerdo de 2018 ni los que han pasado después por La Moncloa. Todos han incumplido, con una mezcla de indiferencia y cinismo, la confianza de quienes, pistola al cinto, han defendido durante años las leyes de un Estado que no cumple las suyas propias.

“¿Qué pedimos?”, se preguntan las agentes en el documento. “Justicia. Pero no esa abstracta que se escribe con mayúscula y nunca llega. Hablamos de sueldos dignos, retroactivos, y de medidas que garanticen que esta burla no se repita jamás”.

El subtexto es claro: si hubiera un mínimo de decencia entre los políticos españoles, este problema estaría resuelto mañana mismo. Pero claro, estamos hablando de España, ese país donde la burocracia es un arte marcial y la palabra del político, una anécdota.

El camino legal será largo, dicen. Y tienen razón. Pero, por lo que se ve, estas agentes no piensan ceder. Tienen argumentos, leyes y, sobre todo, dignidad.

Y eso, incluso en este país de pactos rotos y promesas olvidadas, todavía vale algo. Aunque sea solo para recordarle al Gobierno que hay oficios donde, aunque no paguen igual, el honor todavía pesa más que el salario.

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