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Opinión | El que avisa no es traidor
Jesús Manuel Villegas es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y magistrado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
29/12/2024 00:35
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Actualizado: 30/12/2024 00:38
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“Los jueces ganan un millón de pesetas al mes y están todo el día borrachos”.
Comentarios de ese jaez escuché hace veinticinco años, cuando aprobé mis oposiciones a judicatura. Y es que, entre aquellos que no pertenecen a la carrera judicial, está extendida la especie de que los magistrados disfrutamos de una posición privilegiada rayana en la opulencia, cuáles sultanes togados.
El choque con la realidad, una vez que aterricé en mi primer destino, fue brutal: abultadísima carga de trabajo, enorme responsabilidad e inimaginable escasez de medios.
No es que yo vaya a quejarme ahora de mis condiciones laborales, cuando tantos de mis compatriotas sobrellevan con dignidad una existencia precaria, pero sí quiero proclamar alto y claro que la vida profesional del juez no es fácil.
Tras pasar toda la mañana en sala celebrando vistas, nuestra tarea empieza de veras por la tarde, cuando nos encerramos en nuestro despacho a “sacar papel”, a “poner”, como gallinas estajanovistas sentencias, autos y providencias.
Pero no somos engranajes de una cadena de montaje, sino que decidimos sobre la vida y libertad de las personas, por lo que debería tenerse muy en cuenta que cada expediente judicial representa una tragedia con nombres y apellidos, seres de carne y hueso, no meros dígitos en una estadística ministerial.
Máxime en España, un país cuya ratio judicial (proporción de jueces por habitante) es una de las más bajas de Europa. No solo eso, en mis estancias en los tribunales de otros países, como Bélgica, Francia, Alemania o Reino Unido, he comprobado el altísimo listón de nuestro sistema judicial, al exigírsenos pronunciamientos motivados al detalle, todo ello en el contexto de un ordenamiento muy técnico que requiere estar permanentemente actualizado.
Y, por si ello fuera poco, con una opinión pública atenta al más mínimo de nuestros errores, en ocasiones jaleada por una prensa hostil y bajo la presión de una clase política que, acorralada por la corrupción, se revuelve como animal herido.
¿QUÉ HACER ANTE EL PREOCUPANTE RETRASO?
Sea como fuere, justo es reconocer que, pese a nuestro esfuerzo, la justicia española arrastra un preocupante retraso, ¿qué hacer?
Difícil tarea mejorar la eficiencia de la justicia sin gastar ni un céntimo. Con todo, hay una solución: que los jueces trabajen más. Esa es la filosofía que inspira la ley orgánica de eficiencia de justicia, que implanta los tribunales de instancia en nuestro país.
No se trata de aumentar las inversiones, sino de pergeñar unos mecanismos que introduzcan una mayor “flexibilidad” en la organización de la actividad judicial.
La herramienta es la “adscripción funcional”, en cuya virtud los jueces se convierten en piezas fungibles de una maquinaría diseñada para rendir a plena potencia, sacando resoluciones como si fuesen longanizas.
El nuevo diseño permite endosar el trabajo de una plaza judicial a otra, por lo que se consagra de facto un “servicio común” de jueces”.
O sea que, aunque yo haya conseguido tras muchas horas limpiar mi mesa, pende una espada de Damocles que amenaza con redoblar mis esfuerzos si se les acumula la tarea a otros compañeros.
Por si fuera poco, la justicia interina prácticamente desaparece, puesto que nos vemos obligados a cubrirnos unos a otros los miembros del tribunal en caso de enfermedades, licencias o cualesquiera otras vacancias.
Y ahora viene lo más sorprendente: el juez pierde por completo el control sobre los señalamientos, puesto que los juzgados se desintegran en unas macroestructuras, en muy buena medida controladas por unos LAJs (“secretarios judiciales”) dependientes de la autoridad política.
Quién te ha visto y quién te ve: en el año 2009 los jueces protagonizaron una histórica huelga por mucho menos, cuando se plantaron ante el propósito de que los secretarios fijasen las fechas de las vistas.
Por aquel entonces, al menos, seguíamos al frente de nuestros juzgados, ahora inmolados ante el altar de la burocracia. ¿Qué nos ha pasado para que ahora traguemos con resignada pasividad una mudanza que tanto nos perjudica?
Antes de nada, hay que desenmascarar una falacia que va circulando como pretexto para imponer los tribunales de instancia, a saber: que sirven al loable objetivo de crear nuevas plazas judiciales sin el dispendio de una correlativa oficina judicial.
El mismo resultado se conseguiría, sin embargo, situando a varios titulares al frente de un mismo juzgado, por lo que se preservarían los órganos unipersonales, tal como explica la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en su informe de 24 de noviembre de 2024, accesible pinchando en este enlace.
Pero, entonces, claro está, no hay manera de aumentar la productividad judicial per capita, agenda oculta de la reforma.
Ojalá ese año 2025 nos despierte de nuestro letargo y volvamos los jueces a demostrar a la sociedad española que no tenemos nada que ver con la caricatura con la que nos pintan nuestros enemigos.
Y, si no, cuando nos demos cuenta de lo que se nos viene encima, será tarde. El que avisa no es traidor.
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