“La mujer del Cesar, además de ser honesta, debe parecerlo”.
Acaso esta máxima se nos antoje un rancio tributo a la hipocresía social, impropio de una época como la nuestra donde, parafraseando a Frank Capra, luciría mejor el eslogan “vive como quieras”.
Sin embargo, posee una lógica interna que ayuda a entender algunos conceptos jurídicos, por ejemplo, la independencia judicial según los principios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Así, su jurisprudencia exige -en sentencias como la de 24/06/19 (C-619/18) o la de 02/03/21 (C-824)- que se despejen cualesquiera “dudas legítimas” sobre el sometimiento de los órganos jurisdiccionales a injerencias indebidas.
No basta con que el juez, en su fuero interno, sea ajeno a presiones de camarillas políticas o económicas, sino que, además, los ciudadanos no deben albergar sospechas fundadas de que sus decisiones jurisdiccionales estén contaminadas por cualesquiera motivos bastardos o espurios.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pone el listón muy alto, entrando en el terreno de las apariencias, pero no por capricho, sino porque la Administración de Justicia en una democracia avanzada debe contar con un mínimo de confianza entre los ciudadanos.
Claro está, como el refranero es tan variopinto, es fácil hurgar en la chistera para rebatir la máxima cesariana sobre la honestidad marital oponiéndole esta otra como dúplica: “las apariencias engañan”.
O sea, que, pese a que los indicios apunten a que la política u otra suerte de desviación haya influido en un caso concreto, no nos queda otra que cerrar los ojos en un acto de fe para dar por válido lo que aparenta ser inválido.
Diríase que de esa ceguera padece nuestro Tribunal Supremo cuando respalda contra viento y marea los nombramientos de altos cargos judiciales que pergeña el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estamos ya acostumbrados a que dicho Consejo atribuya plazas tan suculentas como las magistraturas del Tribunal Supremo sin suficientes garantías, pues la motivación de sus decisiones es tan deficiente que sirve para casi cualquier cosa.
DUDAS LEGÍTIMAS
Fundamentaciones vagas y estereotipadas o insuficiente comparación curricular son algunos de los vicios que detectamos a menudo, según ha desvelado Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) en los prestigiosos informes de su Observatorio.
Véase al respecto también en Confilegal el artículo “A ojo de buen cubero”.
Abundan dudas legítimas de que, primero se busca el resultado perseguido con arreglo a criterios ideológicos, y solo más tarde, una vez que por fin se ha conseguido negociar con éxito el nombre del candidato agraciado, se viste el muñeco decisorio con ropajes pseudojuridicos para brindar la apariencia de que se respeta el mérito y la capacidad.
¿Y qué ocurre si los aspirantes preteridos impugnan jurisdiccionalmente tan dudosos nombramientos?
Muy sencillo, aunque se anule el acto gubernativo, se devuelve a continuación el asunto al CGPJ para que lo redacte otra vez (como en el juego de la oca, retorno a la casilla de salida); esto es, se cose un remiendo motivacional para tapar las vergüenzas que quedaron al descubierto… y tan contentos; eso sí, la decisión final es (¿casualmente?) siempre la misma.
El beneficiario del nombramiento nada tiene que temer.
Aunque aquí las apariencias no engañen, es muy arduo articular una prueba procesalmente convincente para demostrar que en un determinado supuesto particular se haya irrogado discriminación por motivos ideológicos.
Y es que no se levanta acta notarial del intercambio de cromos, sino que los naipes se reparten en pactos clandestinos sellados mediante un cálido apretón de manos entre gentes de honor.
LA CLAVE SON LAS APARIENCIAS
Pues bien, la jurisprudencia del TJUE proporciona instrumentos jurídicos para salir de esta aporía legal: la clave son las apariencias.
Basta acreditar dudas legítimas de indebida injerencia extrajurídica para que se repute violada la independencia judicial en los estrictos términos en los que la concibe la doctrina supranacional.
No perdamos de vista que estas severas exigencias, conforme a las sentencias citadas, se predican, además de los órganos jurisdiccionales, de los consejos de la magistratura nacionales.
Lógico, pues esos órganos de gobierno del poder judicial son los encargados en buena parte de los Estados europeos de cubrir las plazas de puestos claves jurisdiccionales, sin ir más lejos, de la Corte de Casación del Reino de España.
Es un hecho notorio que en nuestro país los nombramientos de altos cargos judiciales se producen en condiciones, como poco, “dudosas”.
Al margen de los titulares de prensa, los datos objetivos son aplastantes: la desproporción entre el número de afiliados a algunas asociaciones judiciales y los puestos con los que son agraciadas; la exclusión casi total de los magistrados no asociados; o las frecuentes “coincidencias” ideológicas entre electores y elegidos, todo ello sumado, constituye en su conjunto un acervo indiciario bastante para quebrar la confianza de la ciudadanía.
Al nuevo Consejo General del Poder Judicial le aguarda una avalancha de nombramientos, esperemos que abandone los vicios del pasado y que se atenga nada más que al mérito y la capacidad.
Sea como fuere, si reinciden en sus feos hábitos, ahora no estamos inermes, la jurisprudencia europea no tolera las arbitrariedades de antaño.
Julio Cesar se divorció de su esposa Pompeya porque estaba convencido de que su rival, Clodio, había intentado ponerle los cuernos; y eso que no logró probar nada en juicio.
Tomen nota todos los damnificados por el Consejo General del Poder Judicial, porque los tiempos han cambiado y no están fácil esconderse detrás de nuestras fronteras para vivir como uno quiera, o más propiamente, como le de la gana.
