La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), la asociación transversal de juristas, jueces, fiscales, abogados y ciudadanos, ha enviado a los 5.500 jueces que conforman la carrera su «Guía Práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía» plenamente actualizada.
La Guía necesitaba de dicha actualización ya que había sido realizada sobre la proposición de ley y no sobre el proyecto que ha resultado de la aprobación por el Congreso de los Diputados. El cual ahora inicia su camino hacia el Senado, por una parte. Y porque entonces la Comisión de Venecia no se había pronunciado con el Informe que se ha conocido recientemente.
De su análisis, la PCIJ concluye que las modificaciones realizadas en el proyecto de ley sobre los delitos de malversación y de terrorismo siguen incumpliendo las Directivas europeas sobre ambos delitos.
Por otra parte, los intentos por hacer que los jueces tengan que levantar medidas pese al planteamiento de cuestiones prejudiciales, contemplados en el artículo 4 del proyecto de ley de amnistía, tampoco han supuesto avance alguno en esa dirección.
Es el juez el que ha de levantar las medidas y si plantea antes de hacerlo una cuestión prejudicial ante el TJUE.
La Guía también recoge el Informe de la Comisión de Venecia en lo relativo al análisis sobre si los fines pretendidos (pacificación social) se están llevando a cabo por medios adecuados a tal fin (tramitación urgente, ausencia de informes, ausencia de mayorías cualificadas, ausencia de diálogo, virulenta división social).
Esto se canaliza por la vía del control de los actos discrecionales a través del control de los «hechos determinantes», una técnica clásica dentro del Derecho Público para impedir que la discrecionalidad derive en arbitrariedad.
