La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha concluido que solo un sistema en el que los jueces elijan directamente a los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –los otros 8 son juristas de reconocido prestigio– puede asegurar la independencia del órgano frente al poder político.
En su informe, sobre la propuesta de reforma del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo —solicitado por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló Doménech—, y del que son autores la italiana Marta Cartabia, la suiza Regina Kiener y el francés François Séners, el órgano consultivo respalda la opción que excluye la intervención parlamentaria en el proceso.
El informe de la Comisión de Venecia no obliga jurídicamente a España, pero sí condiciona políticamente: sus conclusiones son una guía de referencia europea y su incumplimiento puede tener consecuencias reputacionales y diplomáticas en el ámbito del Estado de Derecho.
Dos modelos y una clara preferencia
El documento, al que ha tenido acceso Confilegal, examina las dos alternativas elaboradas por el CGPJ tras no alcanzar un consenso interno.
La primera opción, apoyada por el bloque conservador plantea que los jueces elijan directamente a los 12 vocales judiciales, entre candidatos respaldados por 25 jueces o por una asociación judicial.
La segunda opción, que respalda el bloque progresista, y es la que públicamente apoya el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, propone un sistema mixto: los jueces preseleccionan a los candidatos, pero el Parlamento realiza la elección final, a partir de una lista corta.
El caso español fue debatido el pasado viernes en el Plenario de la Comisión de Venecia, al que asistieron, en representación del CGPJ los vocales Isabel Revuelta y José María Fernández Seijo. Este último tuvo 7 minutos para explicar a los miembros de la Comisión –en inglés– el contenido de ambas propuestas. Según fuentes bien informadas, solo pudo explicar bien la primera opción; la segunda se quedó corta.
Representantes del Gobierno, Camino Vidal Fueyo, directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del Congreso, Joaquín Martínez Salmerón, presidente de la Comisión de Justicia, y del Senado, con su presidente al frente, Pedro Rollán, también hicieron uso de esos mismos siete minutos.
El Gobierno y el Congreso apoyando la segunda opción y el Senado, la primera.
Según las conclusiones de la Comisión de Venecia, la primera opción cumple con los estándares europeos de independencia judicial, al basarse en la elección entre pares, mientras que la segunda mantiene una vulnerabilidad estructural a la politización al permitir que las Cámaras tengan la última palabra.
“La elección parlamentaria no cumple los estándares europeos”
El informe es contundente respecto al papel del Parlamento: la Comisión advierte de que otorgarle discrecionalidad para seleccionar a los vocales judiciales “no cumple con el estándar europeo de independencia judicial”, al abrir la puerta a la influencia partidista.
Además, critica que no existan criterios objetivos ni obligación de motivar las decisiones, ni mecanismos eficaces para evitar bloqueos parlamentarios o impugnar nombramientos.
La Comisión de Venecia considera que la fórmula del sector progresista no cumple los estándares europeos de independencia judicial, al dejar “una amplia discrecionalidad al Parlamento sin criterios claros ni obligación de motivar sus decisiones”.
En la práctica, advierte, los grupos parlamentarios seguirían negociando los nombres de los vocales judiciales, reproduciendo el reparto por cuotas partidistas que ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de las instituciones europeas.
“Hace al procedimiento vulnerable a la politización externa y a los bloqueos parlamentarios”, señala el informe.
Advertencia sobre la “politización interna”
Aunque respalda la elección directa por la carrera judicial –mediante el voto secreto y directo–, la Comisión de Venecia también llama la atención sobre los riesgos de politización interna dentro de la propia judicatura, en especial por la influencia que las asociaciones judiciales pueden ejercer en la presentación de candidaturas y campañas.
Para garantizar la neutralidad del proceso, recomienda reducir el número de avales necesarios para concurrir (actualmente 25 o 30 según la opción); establecer reglas claras sobre financiación y publicidad de las candidaturas; asegurar igualdad de oportunidades entre candidatos asociados e independientes; y crear mecanismos de transparencia y supervisión técnica del proceso electoral.
Ausencia de un mecanismo antibloqueo en la renovación del CGPJ
La Comisión de Venecia, asimismo, alerta de que la ausencia de un mecanismo antibloqueo —una cláusula que permita avanzar si el Parlamento no alcanza los tres quintos de votos requeridos— dejaría de nuevo en manos de los partidos la posibilidad de paralizar el órgano de gobierno de los jueces.
La Comisión recuerda que España sufrió entre 2018 y 2024 uno de los bloqueos más prolongados de su historia institucional, con un CGPJ en funciones que no podía realizar nombramientos clave ni ejercer plenamente sus competencias.
El informe advierte que, sin un mecanismo de desbloqueo automático, como la designación directa de los candidatos más votados por los jueces, el sistema volvería a depender del consenso político, con el riesgo de repetir el mismo estancamiento.
“El procedimiento carece de mecanismos adecuados contra el bloqueo, dejando el proceso expuesto a la parálisis parlamentaria y los sretrasos”, advierte el documento (párrafo 67).
Sin reforma profunda, el problema se repetirá
Por ello, recomienda a las autoridades españolas explorar mecanismos alternativos que garanticen la continuidad institucional, como un sistema de elección directa por los jueces o un procedimiento de nombramiento automático en caso de que el Parlamento no cumpla los plazos.
El mensaje del órgano europeo es claro: sin despolitizar la elección de los vocales judiciales y sin blindar el sistema frente al bloqueo, el CGPJ volverá a caer en la parálisis que ha lastrado la justicia española durante años.
El órgano consultivo del Consejo de Europa subraya también la importancia de que el futuro CGPJ refleje pluralidad interna y diversidad real: de niveles jurisdiccionales, género, especialización y territorios.
Asimismo, recomienda revisar el requisito de 25 años de antigüedad exigido a los magistrados del Tribunal Supremo que integren el comité electoral, al considerarlo “excesivamente restrictivo”, y sugiere ampliar la composición del comité y dotarlo de más recursos técnicos.
Un llamamiento a la despolitización del órgano judicial
En sus conclusiones, la Comisión de Venecia reitera que la independencia judicial solo puede garantizarse plenamente cuando los jueces eligen a sus representantes sin intervención del poder legislativo o ejecutivo.
Por ello, invita a las autoridades españolas a avanzar hacia un modelo de elección directa, eliminando el papel del Parlamento en la designación de los doce vocales judiciales, y ofrece su apoyo técnico para perfeccionar el sistema conforme a los estándares europeos.
“El proceso debe protegerse no solo de la interferencia externa, sino también de la politización interna. Ambos riesgos pueden socavar la independencia judicial”, subraya el informe.
EL GOBIERNO SE COMPROMETIÓ ANTE EUROPA
El compromiso con la reforma del sistema de elección del CGPJ quedó reflejado en el acuerdo político alcanzado el 25 de junio de 2024 entre los principales partidos y el Gobierno español, bajo la mediación de la Comisión Europea, para poner fin al bloqueo de más de cinco años en la renovación del Consejo.
Ese acuerdo se tradujo en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, que obligaba al CGPJ a elaborar en un plazo de seis meses una propuesta de reforma del sistema de elección de los doce vocales judiciales, con el fin de garantizar la independencia del órgano y alinearlo con los más altos estándares europeos.
El texto, además, estipulaba que la reforma debía ser susceptible de ser valorada positivamente por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho, lo que convirtió ese compromiso en un elemento central del diálogo entre España y la Unión Europea sobre la independencia judicial.
La pregunta que queda en el aire es ¿y ahora qué?
