El avance de la Inteligencia Artificial (IA) es una realidad que exige regulación inmediata. En este contexto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso decisivo al aprobar un protocolo que ordena cómo deben gestionarse las consultas de jueces y magistrados sobre el uso de estos sistemas en el ejercicio de la función jurisdiccional.
La medida llega tras la aprobación de la Instrucción 2/2026, que aborda específicamente la utilización de herramientas de IA en los tribunales, y responde a la creciente necesidad de delimitar con precisión qué usos están permitidos y cuáles quedan fuera de los márgenes legales.
Un sistema centralizado para resolver dudas
El nuevo protocolo establece que todas las consultas relacionadas con inteligencia artificial serán canalizadas a través de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos (DSYCPD), que actuará como eje técnico y jurídico en esta materia.
Este organismo será el encargado de elaborar borradores de respuesta con base técnico-jurídica, que posteriormente serán analizados por la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital. Solo tras este proceso se emitirá una respuesta definitiva.
El objetivo es doble: por un lado, garantizar coherencia en los criterios aplicados dentro de la Carrera Judicial; por otro, evitar interpretaciones dispares en un ámbito especialmente sensible como es el uso de tecnologías avanzadas en decisiones judiciales.
La IA de alto riesgo, bajo vigilancia
El protocolo también se enmarca en un contexto normativo más amplio. El anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA —ya informado por el CGPJ— otorga a la DSYCPD funciones de supervisión sobre sistemas considerados de “alto riesgo”, especialmente aquellos vinculados a datos biométricos en la Administración de Justicia.
Esta función se alinea con el Reglamento (UE) 2024/1689, que establece obligaciones estrictas para este tipo de tecnologías dentro del territorio europeo. Así, el órgano de gobierno de los jueces no solo regula el uso interno de la IA, sino que también asume un papel activo como autoridad de control en determinados casos.
Transparencia como principio clave
Uno de los elementos más destacados del protocolo es su apuesta por la transparencia. Todas las consultas formuladas y sus respuestas serán publicadas en la web oficial del Poder Judicial, accesibles tanto para el público general como para los miembros de la Carrera Judicial.
Esta decisión convierte el proceso en una fuente abierta de criterios interpretativos, permitiendo que profesionales del derecho, investigadores y ciudadanos conozcan cómo se está integrando la inteligencia artificial en la práctica judicial.
Un cambio estructural en la Justicia
Más allá de su carácter técnico, el protocolo refleja un cambio estructural: la Justicia española empieza a institucionalizar el uso de la inteligencia artificial bajo principios de control, responsabilidad y publicidad.
La iniciativa marca, en definitiva, un precedente en la gobernanza de la IA en el sector público y sitúa a España en la senda de una adopción regulada de estas tecnologías en el ámbito judicial.
