Este miércoles 25 de marzo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso muy importante para la revolución de la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen por un lado, y el buen uso y gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) por otro.
Concretamente, el pleno del órgano de gobierno de los jueces ha dado luz verde por unanimidad los informes el anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial.
Dos iniciativas distintas, pero con un denominador común: reforzar los derechos de la ciudadanía en un entorno tecnológico cada vez más complejo.
Su visto bueno era necesario para cumplir con el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que «se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias», entre ellas, afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales.
Más protección del honor, la intimidad y la propia imagen en la era digital
El anteproyecto supone, en la práctica, una profunda actualización de la Ley Orgánica de 1982, vigente desde hace más de cuatro décadas. Aunque mantiene su estructura básica, introduce cambios relevantes para adaptarse a los nuevos escenarios digitales donde hoy se producen muchas vulneraciones de derechos.
Uno de los aspectos más destacados es la respuesta jurídica a fenómenos recientes como las ultrafalsificaciones o ‘deepfakes’, capaces de manipular imágenes o voces con gran realismo. La norma pretende cerrar el paso a estas prácticas cuando afecten al honor o a la identidad de las personas, reforzando así la protección frente a la desinformación y la suplantación.
También se refuerza la protección de colectivos especialmente vulnerables. En el caso de los menores, se introduce una presunción de madurez a partir de los 16 años para consentir determinados usos de su imagen o datos personales, aunque siempre bajo control judicial si es necesario. Este enfoque busca equilibrar su autonomía progresiva con la necesaria tutela de sus derechos.
Otro cambio relevante afecta al consentimiento, que deberá ser siempre expreso y limitado a los términos en los que se otorgó. Con ello se pretende evitar prácticas habituales como la reutilización de imágenes o datos para fines distintos a los inicialmente autorizados.
Además, el anteproyecto mejora los mecanismos de tutela judicial. Se detallan los criterios para valorar el daño moral —una cuestión clave en este tipo de litigios— y se prevé incluso la posibilidad de dar publicidad a las sentencias condenatorias, con un claro efecto disuasorio.
En conjunto, la reforma busca ofrecer a los ciudadanos herramientas más eficaces para defender su reputación y su vida privada en un entorno donde la exposición pública es constante y, en muchos casos, difícil de controlar.
No obstante, la ampliación de la protección jurídica no está exenta de riesgos. Por un lado, pueden surgir tensiones con la libertad de expresión, especialmente en ámbitos como el periodismo o la información de interés público, donde el equilibrio entre el derecho a informar y el derecho al honor puede volverse más delicado.
Por otro, el ensanchamiento de los supuestos de intromisión ilegítima previsiblemente dará lugar a un incremento de la litigiosidad, al ofrecer a los ciudadanos más vías para acudir a los tribunales en defensa de estos derechos.
Inteligencia artificial: un marco para controlar riesgos y garantizar derechos
El segundo anteproyecto aborda un terreno distinto, pero igualmente estratégico: la regulación de la inteligencia artificial. En este caso, España adapta su ordenamiento al Reglamento europeo de IA, que establece un sistema común en toda la Unión basado en el nivel de riesgo de los sistemas.
La norma dibuja un modelo de gobernanza complejo pero coordinado, en el que distintas autoridades supervisarán el uso de la IA según el ámbito en el que se aplique. Así, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) tendrá un papel central, pero compartirá funciones con organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, el Banco de España o incluso el propio Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de la Administración de Justicia.
Uno de los pilares del sistema es la clasificación de los sistemas de IA en función de su riesgo. Algunas prácticas quedarán directamente prohibidas —como las que manipulen el comportamiento humano o exploten vulnerabilidades—, mientras que otras, consideradas de «alto riesgo» (por ejemplo, en ámbitos como el empleo, la justicia o la biometría), estarán sujetas a estrictos requisitos de control y transparencia.
Para la ciudadanía, esto se traduce en varias garantías concretas. Por ejemplo, el derecho a saber cuándo se está interactuando con un sistema automatizado, la posibilidad de presentar reclamaciones ante las autoridades competentes o la existencia de canales de denuncia, incluso anónimos, frente a usos indebidos de la tecnología.
El anteproyecto también introduce un régimen sancionador detallado, con multas y medidas correctoras que pueden llegar a la retirada de sistemas que generen riesgos inaceptables. Todo ello con el objetivo de asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial sea compatible con la protección de los derechos fundamentales.
