Alfonso Villagómez Cebrián (1960) ha visto la Justicia española desde todos los ángulos posibles: como juez de primera instancia en Jaca y El Escorial, como magistrado en Bilbao, Sevilla y Valencia, como letrado del Tribunal Constitucional y como asesor del Defensor del Pueblo
De 2004 a 2008 perteneció al Gabinete del Ministro de Justicia, entonces Juan Fernando López Aguilar, durante el primer mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Es también Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor de ISDE.
Hoy, desde su atalaya en la la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha generado un diagnóstico personal, sin concesiones, sobre la reforma que entraña la Ley 1/2025, que ha traído los tribunales de instancia.
Una reforma con la que disiente de forma radical. Sin matices.
El Gobierno afirma que ha llevado a cabo la mayor reforma de la Justicia en España de los últimos tiempos ¿cuál es su opinión?
Bolaños, con la Ley de Eficiencia no ha reformado la Justicia, la ha demolido con la creación de unos tribunales de instancia. Sin haber llevado el suficiente estudio y programación sobre las consecuencias y efectos de su implantación en todo el territorio nacional.
Lo que está provocando un caos en las oficinas judiciales de estos tribunales de instancia en donde ahora nadie sabe bien las funciones que le corresponde en la tramitación de los asuntos.
Sin embargo, a pesar de toda esta incertidumbre están saliendo adelante gracias al esfuerzo y disposición del personal.
¿No le parece buena la idea de reagrupar los juzgados y economizar los recursos humanos de la Administración de Justicia?
Sí, la idea es buena, pero ha sido pésima su ejecución por este Gobierno. Desde hace más de 30 años se venía trabajando con ese proyecto de suprimir los decimonónicos juzgados unipersonales, para concentrarlos en órganos colegiados.
Con la llamada «ley Bolaños» es falso que se esté consiguiendo la colegialidad judicial. Sencillamente se han agrupado los titulares de los antiguos juzgados, pero los tribunales de instancia no están funcionando en absoluto de manera colegiada.
Esto es una gran mentira de esta ley que ya se encuentra incluso en su mismo preámbulo.
Y sobre lo de de economizar recursos humanos, es muy fácil hacerlo suprimiendo las plazas de funcionarios en las nuevas oficinas judiciales.
Esto, naturalmente, no responde a un plan riguroso de actuación, como tampoco lo es vender desde el Ministerio a las Comunidades Autonómas los millones de euros que se van a ahorrar en inversiones.
¿A su juicio, donde esta el principal fracaso de esta reforma?
En que no se ha abordado el problema de raíz de nuestra organización judicial que son los actuales partidos judiciales.
Por decirlo literariamente, se ha superpuesto el nuevo vino de esta estructura de los tribunales de instanciasobre los viejos odres de nuestros partidos judiciales.
No se ha tenido el coraje y la valentía política de afrontar la supresión y modificación de los actuales partidos judiciales para así poder abordar de verdad una auténtica reforma de la organización territorial y funcional de la Justicia en España.
El ministro de Justicia ha hecho de las críticas a jueces en activo una práctica recurrente. ¿Qué mensaje lanza eso a la carrera judicial y a la percepción ciudadana de la independencia de los tribunales?
Pues que ponen de manifiesto que el ministro de Justicia no está a la altura del relevante cargo que ejerce. Decía Fernando Ledesma –antecesor suyo en ese Ministerio, magistrado y consejero de Estado– que la «política judicial» es muy compleja y difícil porque solo puede estar al servicio de la independencia judicial.
Bolaños, con sus declaraciones día a día, demuestra que no sólo no atiende a la independencia de los jueces, sino que no la respeta tampoco.
