De todos ellos quedan "vivos" en 2025 los casos Koldo, Begoña Gómez y la imputación del fiscal general del Estado. Foto: EP.
La amnistía, los ERE, la renovación del CGPJ, los casos Koldo y Begoña Gómez y la imputación del fiscal general marcaron 2024
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30/12/2024 00:34
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Actualizado: 31/12/2024 01:01
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El 2024 ha estado marcado por una intensa agenda judicial que ha desplazado el debate sobre la amnistía, clave al inicio del año. Así, investigaciones como las de Begoña Gómez, el fiscal general, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la anulación de las condenas de los ERE de Sevilla, el caso Koldo y la imputación del exministro José Luis Ábalos han sacudido la política.
Igualmente, por primera vez, una mujer, Isabel Perelló, se alzó con la presidencia del Consejo General del Poder Judicial tras más de un lustro sin renovarse; la Guardia Civil registró el despacho de un fiscal general, imputado por primera vez; y, también por primera vez, un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró como testigo en Moncloa en una causa que implica a su esposa.
Los tribunales han protagonizado la actualidad, con casos usados como arma política por la oposición al salpicar a figuras cercanas al presidente del Gobierno.
Mientras, Moncloa observa con inquietud el auge de acusaciones populares que impulsan procesos judiciales, toda vez que considera que se está «pervirtiendo» su «espíritu» por las «organizaciones ultraderechistas».
Pese a todo ello, el Gobierno destacaba en su balance anual la aprobación de 25 leyes como muestra de la capacidad de acuerdo de su Administración.
La ley de amnistía
La norma más polémica del Gobierno solo tardó tres meses en llegar al TC, que tendrá la última palabra, previsiblemente en verano.
Por el camino, algunos tribunales han ido aplicando sus efectos a decenas de condenados pero no así a los líderes independentistas del «procés»: Junqueras sigue inhabilitado y Puigdemont, huido en el extranjero, aunque hizo una breve aparición en Barcelona el 8 de agosto, cuando dio un discurso en la calle y logró salir del país sin ser detenido.
El Supremo rechazó aplicarles la norma al ver ánimo de enriquecerse y daño a los intereses financieros de la UE, que son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.
Junqueras ya ha activado la vía del TC, que encara 19 recursos, la mayoría de CCAA gobernadas por el PP, si bien será la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, abiertamente crítica con la ley, la que marcará el paso, sin olvidar el recurso de los populares.
Los ERE andaluces anulados por el TC
En este año judicial, el Constitucional dio un vuelco a la sentencia de los ERE reescribiendo uno de los casos de corrupción más mediáticos, que hizo tambalear los cimientos del socialismo en Andalucía.
En junio, una ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en el recurso planteado por Magdalena Álvarez, marcaba el camino para la anulación de su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE.
Con ella, comenzaba la deliberación sobre el primero de los 12 recursos interpuestos por los condenados.
Posteriormente, el tribunal anuló la condena por malversación al expresidente andaluz José Antonio Griñán y redujo notablemente la inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, al acotar la prevaricación. Un escenario que trasladó a la mayor parte de los condenados.
Ahora, la Audiencia de Sevilla debe dictar una nueva sentencia respecto de partidas concretas de la prevaricación, que dejará condenas testimoniales. Ninguno está ya en prisión.
Una mujer al frente del CGPJ
Tras más de cinco años y medio de bloqueo, PSOE y PP acordaron en verano la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un reparto equilibrado en el número de vocales, quienes tras un proceso no exento de polémica, eligieron a la jueza Isabel Perelló como la primera presidenta en toda su historia.
Y con la renovación, el Consejo se puso en marcha para hacer frente a más de un centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial, 27 del Supremo.
Una ingente tarea que ha arrancado con una nueva controversia: la falta de acuerdo entre progresistas y conservadores para las cuatro plazas de presidente de Sala del Tribunal Supremo, en concreto las de los órdenes Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social,
La situación apunta a un bloqueo, uno más en el Consejo.
Primera causa a un fiscal general del Estado por filtración de correos
Por primera vez, el Tribunal Supremo investiga a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz está bajo escrutinio por su posible implicación en la filtración a la prensa de un correo donde la defensa de Alberto González Amador admitía delitos.
El Supremo ha citado como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras señalar indicios de que accedió a parte del contenido de dichos correos.
Los últimos movimientos de Luis Ángel Hurtado, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo e instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado –Álvaro García Ortiz–, han sido citar como testigos a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, al fiscal de delitos económicos, Julián Salto Torres, y a los jefes de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo Cassinello, y de Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral Lozano.
El caso Koldo y la imputación Ábalos
La corrupción saltó a la portadas en este año judicial en febrero cuando estalló el caso Koldo, nombre de quien fue la mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien el Supremo aprecia «indicios bastantes» de delito por su papel en una supuesta trama de corrupción, cuya investigación arrancó con supuestas comisiones por adjudicaciones, esta vez por las mascarillas en 2020, pero que ha escalado hasta comprometer a La Moncloa.
Detrás de ello está Víctor de Aldama, un empresario y presunto comisionista quien, tras un pacto con la Fiscalía para salir de prisión, ha ‘tirado de la manta’ denunciando presuntas irregularidades y delitos vinculadas con el rescate a Air Europa, el viaje de Delcy Rodríguez, la mediación con Juan Guaidó así como el pago de supuestas comisiones millonarias a Ábalos y Koldo que estos repartían al PSOE.
También ha citado a otros ministros como Victor Ángel Torres, Reyes Maroto o cargos como el director de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
La presión hacia el Ejecutivo va subiendo progresivamente y para enero o febrero el Congreso aprobará el suplicatorio para Ábalos,
El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, solicitó pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos al apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Lo cierto es que hasta la fecha, tanto Koldo como el exministro Ábalos han basado su estrategia de defensa en negarlo todo, pero los informes de la UCO les comprometen.
Investigación de la mujer del presidente del Gobierno y su hermano
En abril, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, un juez Juan Carlos Peinado empezó a investigar a Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en torno a su actividad profesional y su relación con la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra.
Hasta en tres ocasiones ha acudido a declarar Begoña Gómez, en medio de un despliegue de seguridad poco común en los juzgados, y ha negado cualquier irregularidad ante el juez Juan Carlos Peinado, que llegó a trasladarse a la Moncloa, algo también insólito, a interrogar como testigo a Sánchez.
Aunque algunas de las decisiones del juez han sido rotundamente cuestionadas por la Fiscalía, Peinado sí se ha visto respaldado por instancias superiores y han fracasado las querellas por prevaricación que presentaron contra él Begoña Gómez y la Abogacía del Estado en representación del presidente Pedro Sánchez.
Lejos de Madrid, en Badajoz, otra causa afecta a un familiar del presidente. Su hermano está citado en enero en la investigación sobre su contratación en la Diputación pacense, abierta tras una denuncia de Manos Limpias.
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