
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sorprendido al mundo judicial y fiscal con el anuncio de esta reforma de la LOPJ. Foto: Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El Gobierno anuncia una reforma de las oposiciones para abrir la carrera judicial a más candidatos
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21/1/2025 15:20
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Actualizado: 21/1/2025 16:42
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un ambicioso Anteproyecto de Ley Orgánica Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, para reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Es el primer intento de actualizar este sistema en 40 años.
El cambio abarca desde los procesos selectivos hasta la organización interna de tribunales y el Ministerio Fiscal. Se trata de la mayor reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y afianza la gran transformación de la Justicia que está llevando a cabo este Gobierno basada en los principios de digitalización, modernización y vocación social.
Además, introduce restricciones a la financiación de asociaciones judiciales, eliminando ingresos privados para garantizar pluralidad e independencia, según ha avanzado la Cadena SER.
LA REFORMA DE LA LOPJ TIENE 5 OBJETIVOS CONCRETOS
«Esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un paso de gigante en la modernización de la justicia en nuestro país, un paso de gigante. Hemos informado a las asociaciones judiciales, hemos informado también ayer mismo tuve la oportunidad de hacerlo con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Es un avance, sin ninguna duda, en lo que necesitamos para construir la justicia del siglo XXI», ha explicado hoy el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa.
«La reforma de la ley tiene cinco prioridades», ha añadido. «La primera de ellas es promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal. La segunda es buscar, como se ha hecho siempre la excelencia, siempre a los mejores y adecuar los sistemas de acceso en la carrera judicial al siglo XXI».
«El tercer objetivo es ampliar el número de personas que forman parte tanto de la carrera judicial como de la carrera fiscal. El cuarto objetivo es garantizar el desarrollo de una promoción profesional plena, tanto en el caso de jueces como de magistrados de nuestro país. Y el quinto objetivo es reforzar las estructuras, la transparencia de las estructuras de nuestra Ley Orgánica«.
Con este anuncio, el PSOE incide en su agenda en materia judicial con dos reformas en menos de un mes.
Hace dos semanas, registró una propuesta para limitar las acusaciones populares y endurecer el régimen disciplinario de jueces y fiscales que emitan opiniones políticas.
Según el Gobierno, estas iniciativas buscan neutralidad, eficiencia y corregir un supuesto sesgo conservador en el sistema judicial.
Acceso con becas y mayor transparencia
La reforma blindará un sistema de becas para opositores con bajos ingresos que aspiren a ser jueces, fiscales, abogados del Estado o letrados de la Administración de Justicia. Consolida y protege las Becas SERÉ al darles rango legal.
Son ayudas dirigidas a los opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia, cuya cuantía será equivalente, al menos, al SMI en cómputo anual, y tendrán una duración de hasta 4 años.
Estas ayudas, equivalentes al salario mínimo y prorrogables hasta cuatro años, buscan democratizar el acceso a estas profesiones.
El Centro de Estudios Jurídicos, encargado de formar a fiscales, también asumirá la preparación de opositores, eliminando la dependencia de preparadores particulares.
Además, los jueces y fiscales que quieran ser preparadores deberán inscribirse en un registro público y solicitar compatibilidad para ejercer esa labor.
Cambios en el sistema de oposiciones
El nuevo sistema de acceso reducirá el peso de la prueba oral y añadirá un examen escrito práctico. Los aspirantes deberán resolver casos de derecho penal, civil o procesal, con el objetivo de evaluar sus capacidades de redacción y argumentación. Los exámenes orales serán grabados para garantizar transparencia.
El Ejecutivo convocará un proceso para consolidar el empleo de casi 1.000 jueces y fiscales sustitutos, respondiendo a las exigencias de la Comisión Europea sobre abuso de la temporalidad.
Del mismo modo, para los jueces sustitutos y magistrados suplentes, elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que no son llamados para el ejercicio del cargo.
Además, se creará el ‘cuarto turno’ en la carrera fiscal, permitiendo el ingreso de juristas con experiencia, una vía que ya existía para la judicatura.
LAS ASOCIACIONES JUDICIALES NO PODRÁN RECIBIR FINANCIACIÓN PRIVADA
El anteproyecto prohíbe a las asociaciones judiciales recibir financiación privada. La Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial ampliará sus miembros de cinco a nueve. Los cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral
Las Salas de Gobierno de los tribunales verán reducido el mandato de sus miembros de cinco a tres años, se habilitará el voto telemático y se limitará el sufragio a un único candidato. Estas medidas buscan elecciones más representativas y transparentes.
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