El escrito de APIF, presentado por Frago&Suárez Abogados, solicita este recurso de reforma ante las comisiones rogatorias que se han acordado emitir a las sedes irlandesas de ambas empresas. Una solicitud que, de forma «paralela y complementaria», obtenga información de las sedes españolas. Ello, evitando así una posible paralización de la fase de instrucción «voluntaria» por parte del Gobierno.
El pasado 20 de enero, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta contra el Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos, ordenaba la emisión de una comisión rogatoria a WhatsApp LLC y Google para recabar información sobre el usuario Álvaro García Ortiz.
Ello, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la intención de recuperar la información borrada de ambas aplicaciones en los dispositivos móviles del FGE, así como de su correo electrónico.
Una petición ante la que ahora, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha realizado un recurso de reforma ante el magistrado del alto tribunal.
Así pues, la APIF ha solicitado al juez Hurtado que «de forma paralela y complementaria» a esta comisión rogatoria, se «libre un oficio a las sedes nacionales correspondientes» de ambas empresas. Un requerimiento que, según el escrito al que ha tenido acceso Confilegal, podría ser cumplido «más rápidamente» por las sedes españolas, sitas en Madrid.
La APIF quiere eludir una posible paralización de la fase de instrucción
Ampliación de esta búsqueda de información que la APIF justifica en el hecho de que las sedes de WhatsApp y Google mencionadas en la comisión rogatoria están situadas en Irlanda. Algo que haría necesaria la intervención del Gobierno español en el proceso.
«La ejecución de la comisión rogatoria requiere de la colaboración del Ministro de Justicia y del magistrado de enlace, ambos nombrados por el Gobierno», estipulan. «Por tanto, susceptibles de tener un interés directo en esta causa».
Dos factores, el que se deba acudir a Irlanda y la intervención de personas vinculadas al Gobierno que, para la asociación representada por Frago&Suárez Abogados, «podría provocar que la fase de instrucción quedase indefinidamente paralizada a la espera de conseguir estos datos, cuya obtención podría demorarse a voluntad».
«Es obvio que ello frustraría el normal desarrollo de este procedimiento», aseguran.
Algo que, para APIF, hace necesario el oficio en las sedes españolas de Meta y Google. Y, del mismo modo, el requerimiento a ambas de que «conserven los datos cuya obtención se pretende» para evitar su eventual desaparición.
