Las exfiscales generales del Estado, Consuelo Madrigal y María José Segarra, junto a 11 miembros de la Junta de Fiscales de Sala –un tercio de los 35– han dirigido un escrito al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conminándole a presentar la dimisión.
«Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelentísima en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible –por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran– su renuncia a dicho cargo», recoge el escrito enviado a García Ortiz, al que ha tenido acceso Europa Press.
No es admisible que el máximo defensor de la legalidad se haya negado a responder a las preguntas del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luis Ángel Hurtado, que le está investigando por un supuesto delito de revelación de secretos, denunciado por Álberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Sostienen que la comparecencia del fiscal general del Estado como investigado en el Supremo, «negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho».
«Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz, nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de ‘velar por la independencia de los tribunales», apuntan.
El pasado miércoles, García Ortiz se acogió a su derecho de contestar solo a su abogado y no al magistrado Luis Ángel Hurtado al considerar que ha vulnerado su derecho de defensa con el registro que ordenó en su despacho y con su decisión de denegarle varias diligencias que había pedido para defenderse, como suspender su declaración para que González Amador compareciese antes.
Las dos exfiscales generales del Estado pertenecen a la Asociación de Fiscales –Madrigal– y a la Unión Progresista de Fiscales –Segarra–; García Ortiz fue portavoz de esta última asociación.
Suscriben la petición también Manuel Moix, exfiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales del «procés» Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, y la fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán.
También los fiscales de Sala Francisco Moreno, Javier Huete –que le recibió en el Supremo el día que declaró como investigado–, Pilar Martín, José Miguel de la Rosa, Elvira Tejada y Antonio Narváez, este último exmagistrado del Tribunal Constitucional.
El puesto de fiscal de Sala supone el máximo escalón de la carrera fiscal, inmediatamente por debajo del fiscal general del Estado.
DIMITIR NO SUPONE ACEPTAR NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD, LE DICEN A GARCÍA ORTIZ
Los 13 le dicen al jefe del Ministerio Público que su renuncia «no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad» y que dejaría «intacta» su presunción de inocencia.
Los firmantes insisten en que García Ortiz debe dimitir porque «la imagen» de la Fiscalía está siendo sometida a «una tensión insoportable». «
Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado (…), provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales», manifiestan.
Los firmantes entienden que «el avance de la instrucción de la causa» y sus «hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal».
«El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental», añaden.
Así las cosas, defienden que «los escenarios procesales» por los que García Ortiz está «obligando a transitar» a la Fiscalía son «claramente reveladores de la necesidad de su dimisión».
«En esta tesitura, en un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de (García Ortiz) al cargo que ostenta para preservar a la Institución», señalan los firmantes.
Tras darse a conocer esta carta, fuentes cercanas al fiscal general manifiestan su «absoluto respeto» al proceso e insisten en que «factores externos» no deben interferir en él.
