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Opinión | Los Fondos Next Generation: transparencia, control y prevención del fraude en su gestión, ejecución… y justificación
Según la columnista, Ona Mallafré Latorre, abogada y Máster en Derecho Penal y Compliance, "la gestión de los Fondos Next Generation EU en España se basa en un modelo de control en tres niveles, reforzado con tecnología para garantizar transparencia y cumplimiento". Foto: Confilegal.
04/2/2025 05:35
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Actualizado: 04/2/2025 08:32
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La llegada de los Fondos Next Generation ha supuesto un hito histórico para España. Con más de 140.000 millones de euros (el 11 % del PIB) destinados a la recuperación económica y transformación estructural del país, la gestión de estos recursos se encuentra ya bajo un intenso escrutinio.
No es para menos. La Unión Europea exige que cada euro invertido se destine exclusivamente a los fines previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), evitando el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación, pero aún hay más.
Ya hemos dejado atrás la redacción del Plan de Medidas Antifraude (PMA), que tantas dudas y cuestiones suscitó, también sus primeros pasos de aplicación, recuerden empero que deben seguir realizando la autoevaluación y el mapa de riesgos de la entidad o institución.
También dejamos atrás la simplicidad de la DACI, la protección de datos y los principios transversales, documentos básicos conocidos inicialmente como A) B) y C), por su nombre original en la Orden Ministerial HFP/1030/2021. El avance en la gestión y en la ejecución de los proyectos nos lleva mucho más allá.
Así las cosas, se ha establecido un complejo sistema de control y supervisión basado en las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 y HFP/55/2023, así como en las instrucciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): no las olviden ni por un momento, puesto que algunas de ellas, han pasado desapercibidas en la vorágine regulatoria como la instrucción del interventor general de la Administración del Estado relativa a la participación de los representantes de la IGAE en los órganos colegiados en materia de contratación del PRTR, que se mantiene y no se excluye para los entes vinculados, aunque no dispongan de la figura interventora.
HERRAMIENTAS AVANZADAS
A esto se suman herramientas avanzadas como CoFFEE y MINERVA, destinadas a garantizar la trazabilidad, la identificación de riesgos y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
Herramientas que requieren de por sí una muy entretenida, dedicada y delicada gestión, no siempre entendible ni entendida por todos, especialmente en cuanto al CoFFEE, y mucho menor en el MINERVA, cuya gestión muy fluida, funciona muy debidamente y sin complicaciones, a no ser que se deba realizar el análisis de banderas rojas o negras, mucho peor las primeras que las segundas, pese al nombre y color.
Quien lo sepa ya me entendió perfectamente.
No olviden en toda la gestión, como ya es habitual, las obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de los beneficiarios y gestores del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Recuerden en todos los documentos incluir los logos correspondientes que varían en función de la decisora y ejecutora y rotular todo lo que deba ser rotulado. Y en la web, recuerden establecer un apartado especial publicitar los fondos Next Generation.
Pero ¿cómo funciona el sistema de control del PRTR, los riesgos más habituales, los mecanismos de prevención y la importancia de garantizar una gestión transparente y eficiente de estos fondos?
UN MODELO DE SUPERVISIÓN BASADO EN TRES NIVELES DE CONTROL
El sistema de supervisión del PRTR se articula en tres niveles de control, definidos en la Orden HFP/1030/2021:
1.- Control interno del órgano ejecutor: Es el primer filtro de supervisión y responsabilidad directa de las entidades adjudicadoras y ejecutoras de los proyectos. Aquí se incluyen los mecanismos internos de cumplimiento, la firma de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por parte de todos los intervinientes en el procedimiento y la aplicación de protocolos antifraude, así como la inclusión en la contratación de todos los requisitos de hitos y objetivos que correspondan al Componente que se ha financiado, con atención especial a la concesión de la subvención.2
2.- Control interno de un órgano independiente: En esta fase intervienen las unidades de control interno de cada administración pública, asegurando la objetividad en la valoración de las ofertas y la legalidad en la ejecución del contrato. Además, deben revisar los procedimientos de contratación para evitar favoritismos, ofertas colusorias, fraudes en la adjudicación y corrupción.
Si bien en administraciones públicas ello es muy claro y no descubrimos nada nuevo bajo el sol, en entes no administración pública, sin intervenciones, la Unidad de Control no puede ser la misma que la propia de contratación, principio que cualquier manual de compliance o integridad pública les indicará: no puede una persona o departamento ejecutar y controlar dos sombreros.
3.- Auditorías y controles ex post: Realizados por la IGAE, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea. En esta fase se examina si los fondos han sido correctamente utilizados y se sancionan las posibles irregularidades.
Este modelo ha sido reforzado con la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas como CoFFEE, el sistema de control de fondos europeos del Ministerio de Hacienda, y MINERVA, la plataforma de detección de riesgos gestionada por la Agencia Tributaria.
CoFFEE y MINERVA: LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS
CoFFEE: El cerebro del control financiero
La plataforma CoFFEE (Control Financiero de Fondos Europeos) es la piedra angular del seguimiento de los Fondos Next Generation EU. Creada por el Ministerio de Hacienda, esta herramienta permite a las entidades ejecutoras registrar, monitorizar y reportar todas las actividades financiadas.
Entre sus funciones destacan: Trazabilidad total de los proyectos; identificación de posibles conflictos de intereses: registro de banderas rojas («red flags»); y verificación de la documentación contractual.
CoFFEE permite cruzar datos entre distintas administraciones para evitar la doble financiación de proyectos, uno de los mayores riesgos en la gestión de los fondos europeos.
MINERVA: El radar del conflicto de intereses
El sistema MINERVA, por su parte, se encarga del análisis automatizado del riesgo de conflicto de interés. Mediante la consulta de bases de datos fiscales y mercantiles, MINERVA permite detectar relaciones familiares, empresariales o económicas entre los licitadores y los responsables del procedimiento de contratación.
El uso de MINERVA es obligatorio antes de la adjudicación de un contrato financiado con Fondos Next Generation EU. Si la herramienta detecta indicios de conflicto de intereses, se procede a la suspensión del proceso hasta esclarecer la situación.
EL PRINCIPIO DNSH: GARANTIZAR EL RESPETO AMBIENTAL EN CADA INVERSIÓN
Uno de los pilares del PRTR es el cumplimiento del principio de No Causar Perjuicio Significativo al medioambiente (DNSH, por sus siglas en inglés). Según el Reglamento (UE) 2020/852, todas las inversiones deben respetar seis objetivos ambientales fundamentales, entre ellos la mitigación del cambio climático y la economía circular.
Para cumplir con el DNSH, las entidades ejecutoras deben: Justificar documentalmente que el proyecto no perjudica el medioambiente; Presentar un análisis de riesgo ambiental previo a la ejecución; e Incorporar medidas de compensación y mitigación.
El incumplimiento del DNSH puede derivar en la devolución de los fondos recibidos y la exclusión de futuras convocatorias.
Recuerden empero que el DNSH, no es sólo una declaración. En muchos casos, especialmente en obras e infraestructuras, es necesario informes técnicos “ex ante” y “ex post” de la operación o contrato. La exposición de este apartado daría para una tesis, que dejo a manos de los técnicos, pues yo soy un simple licenciado en Derecho.
Por cierto, no se olviden del etiquetaje verde y el digital.
BANDERAS ROJAS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
El PRTR incorpora un mecanismo de detección de fraudes basado en la identificación de banderas rojas en los procedimientos de contratación. Algunas de las más relevantes incluyen: Licitaciones colusorias: Presentación de ofertas pactadas o precios inusualmente elevados. Fragmentación artificial de contratos: División de proyectos para evitar los umbrales de control. Modificaciones contractuales injustificadas: Cambios sustanciales en costes o plazos sin causa aparente. Falsificación de documentos: Facturas infladas o documentos con datos incoherentes.
La normativa exige que cada entidad adjudicadora realice una autoevaluación anual de riesgos, así como un mapa de riesgos que permita anticiparse a posibles irregularidades.
Pero no olviden que en cada operación y en cada fase deben realizar los informes de BANDERAS ROJAS, que por lo que parece muy pocas ejecutoras realizan, ni en la licitación, adjudicación ni por supuesto en la ejecución. En este apartado debemos realizar todos un rápido cambio de hábitos.
CONCLUSIÓN: UN MODELO DE CONTROL QUE EXIGE RIGOR Y TRANSPARENCIA
La correcta ejecución de los Fondos Next Generation EU es una cuestión general que nos implica a todos, desde las Administraciones públicas y sus entes, pero también a licitadoras, contratistas, subcontratistas, particulares, y todos aquellos que por contrato o subvención se han involucrado en ellos. No nos podemos permitir errores ni indebida aplicación en la gestión de unos recursos fundamentales para nuestro futuro económico y social.
El modelo de control de tres niveles, el uso de herramientas avanzadas como CoFFEE y MINERVA, y la aplicación de principios como el DNSH y la prevención de la doble financiación son elementos clave para garantizar una gestión eficaz y libre de fraudes.
Las entidades ejecutoras y sus entes vinculados tienen una responsabilidad crucial en este proceso, con la debida colaboración de las licitadoras, contratistas, subcontratistas, entidades y personas subvencionadas, puesto que el cumplimiento de la normativa, la correcta supervisión de los contratos y subvenciones y la transparencia en la adjudicación son esenciales para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos con la Unión Europea y asegurar, no ya la llegada de inversiones, sino su no devolución, mediante la transformación de lo que fueron fondos del Plan de Recuperación, en préstamos, aunque sean suaves o blandos a largo término, que nos perjudicarían enormemente, impidiendo las inversiones públicas como motor económico durante años, en un momento de cambios globales que no favorecen a la estabilidad.
La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos todas preparadas para asumir ahora el reto de la gestión, ejecución… y justificación de los Fondos Next Generation?
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