Casi 80 Estados parte del Tribunal Penal Internacional (TPI), España entre ellos, declaran su respaldo a la labor de la corte tras la amenaza de sanciones efectuada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concebida como una represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la presunta comisión de crímenes de guerra en Gaza.
Trump firmó el pasado jueves una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI por imponer «sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto, incluyendo a Israel», a través de «órdenes de arresto infundadas» contra Netanyahu y Gallant.
En respuesta, 74 de los 125 estados firmantes del Estatuto de Roma, el cimiento legal del TPI, se han sumado a la iniciativa impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu, también firmantes del texto, donde reafirman su «continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad del TPI», al que consideran «un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas».
Entre esos países que firmaron la creación del TPI, que se encarga de investigar y juzgar a los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, por supuesto no están potencias como Estados Unidos, Rusia y China.
Se trata de un tribunal de último recurso, por lo que solo interviene si los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesar crímenes de la jurisdicción del TPI.
Un «desafío sin precedentes»
La orden de Trump representa un «desafío sin precedentes» para el funcionamiento del tribunal, pero también incrementa «el riesgo de impunidad» entre los criminales que atentan contra el Derecho Internacional, un instrumento «crucial para promover el orden y la seguridad mundiales».
Asimismo, los países advierten de que «las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios del TPI», y cualquier cierre de las oficinas del tribunal como consecuencia de las misimas «socavarían gravemente la investigación de los procesos en curso».
«Nos comprometemos a garantizar la continuidad de las actividades del TPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente», asegura un comunicado refrendado por países como Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Jordania, Nigeria, Portugal, Palestina o Reino Unido.
«En nuestro esfuerzo colectivo por defender la justicia internacional, subrayamos el papel indispensable del TPI para poner fin a la impunidad, promover el Estado de Derecho y fomentar el respeto duradero del Derecho Internacional y los Derechos Humanos», concluyen.
