El Juzgado 104 de Madrid, especializado en contratos bancarios, productos financieros y de inversión desde su creación en 2023, ha decidido no seguir la misma ruta que el Juzgado 101bis, que se encuentra saturado por litigios de cláusulas abusivas en hipotecas.
Ahora, en un comunicado dirigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como al Banco de España, el Juzgado 104 se ha ofrecido a proporcionar un listado de las entidades que que obligan a ir a juicio por casos de revolving que se fallan en el 95% de los casos a favor del cliente, “por si de la misma pudiera derivarse algún tipo de infracción administrativa”.
Desde la asociación de consumidores financieros Asufin, su presidenta, Patricia Suárez, asegura que «llevamos años denunciando el abuso que hacen las entidades bancarias de los tribunales para dilatar los procesos y, con ello, retrasar los pagos a los clientes por mala praxis«.
Y recuerdan que «los tribunales se pagan con nuestros impuestos, los juzgados especializados de revolving y cláusulas abusivas constituyen un rescate encubierto a la
banca y las entidades de crédito”.
En contraste con la valiente iniciativa que toma el 104, denunciando la situación en la que se encuentra, atascado con procedimientos de revolving ya resueltos por el Tribunal Supremo, los especializados en cláusulas abusivas no solo no protestan, sino que cargan contra el consumidor reduciendo las costas que tienen que abonar las entidades bancarias. Esto supone un grave efecto disuasorio para que el consumidor defienda sus derechos en los tribunales.
En esta misma línea, ya denunciamos que el juzgado 72 de Madrid obliga a los consumidores a hacerse cargo del coste del pleito al permitir que los bancos no paguen las costas al dar la razón al cliente (allanarse) en los procedimientos de revolving.
Por ello, desde Asufin, esperamos que tanto la Dirección General de Consumo como el Banco de España, a los que se dirige el comunicado del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), Adrián Gómez, tomen buena nota del mismo y reaccionen ya ante el comportamiento inadmisible de las entidades.
Mientras tanto, seguimos a la espera de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que, como tantas veces hemos reiterado, podría suponer una respuesta a este limbo de cumplimiento de derechos del consumidor en el que nos movemos, con entidades que se niegan a resolver las cuestiones en el ámbito extrajudicial y un sistema totalmente atascado que cuesta millones a los consumidores a las Arcas públicas.
