El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha acudido este viernes al Tribunal Supremo (TS) para declarar como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una intervención en la que Ribón ha asegurado que el papel del ICAM en este caso es defender la «última frontera» para salvaguardar el secreto profesional.
EL decano ha recordado en su intervención que el ICAM se personó como acusación popular al entender que se había podido vulnerar «uno de los principios esenciales sobre los que se construía el derecho de defensa, que es el principio de confidencialidad y el secreto profesional».
«El Colegio seguirá defendiendo el secreto profesional, que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano (…) tenga la absoluta confianza de que las palabras que mantiene o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto», ha dicho en declaraciones a la prensa.
Al llamar a Ribón, el instructor del caso, Ángel Hurtado, explicó que lo hacía «en la medida que pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva por los hechos objeto de investigación, así como derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa».
Eugenio Ribón presentó una denuncia contra la Fiscalía
Además, Ribón se reunió el 15 de marzo de 2024 con García Ortiz y con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, un día después de que el Ministerio Público emitiera la nota de prensa en la que desmentía la noticia publicada la noche anterior que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– en la investigación que se le hacía por delitos fiscales.
Según consta en el sumario de la causa, ese encuentro fue para «calmar las aguas», después de que el ICAM emitiera un comunicado tachando «de extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de unas diligencias de investigación», al entender que constituía una vulneración de los «principios básicos de sigilo, confianza y buena fe» y ponía en riesgo la «neutralidad» del Ministerio Fiscal.
De acuerdo con las pesquisas, fue en esa reunión donde la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez –también investigada–, asumió la responsabilidad de la nota de prensa del 14 de marzo, a pesar de que internamente mostró su enfado por el hecho de que hubiera salido con el membrete de la Fiscalía Provincial, cuando se gestó en la General. Posteriormente, García Ortiz la asumió en nombre propio.
Pese a esa reunión, días después, Ribón –en nombre del ICAM– presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la Fiscalía por la nota de prensa. A raíz de dicha denuncia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid figura como una de las acusaciones populares en la causa que dirige el Supremo.
