Las sanciones para los veterinarios que incumplan la normativa supera los 500.000 euros, a pesar de estar en juego la salud del animal. Foto: Confilegal
Luis Planas golpea la Ley de Bienestar Animal con su veto a veterinarios y antibióticos
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12/3/2025 05:35
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Actualizado: 12/3/2025 10:54
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El nuevo Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios ha sembrado la polémica entre los profesionales del sector. Ello, debido a las duras restricciones que establece a la hora de recetar y administrar antibióticos a animales grandes y pequeños, cuestión que para algunos de ellos puede ser de vida o muerte. Un reglamento que, además, supone un duro golpe contra la Ley de Bienestar Animal que se centra en garantizar la salud de estos animales.
Desde el pasado 2 de enero, el control sobre el uso de antibióticos en los animales está aún más controlado desde el Gobierno central.
Ello, debido a la aprobación y aplicación estatal del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Una normativa, basada en el Reglamento UE 2019/6, diseñada desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes «a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación», Luis Planas.
Normativa que pronto ha generado las críticas de los profesionales veterinarios, que sienten que esta norma les perjudica. A ellos, y a sus pacientes.
Es el caso de Selva, una perrita que fallecía debido a que el cultivo bacteriano de su infección, exigido por la nueva norma, no llegó a tiempo para evitar su muerte por esta bacteria. Ello, a pesar que los veterinarios sí conocían qué medicamento era necesario para salvarle la vida a esa Jack Russell.
La falta de medicamentos afecta al bienestar animal
Una aplicación en España de la normativa europea que, tal y como explica la abogada Adriana Rodríguez, de Vestalia Asociados, a Confilegal, es más restrictiva que en otros países europeos.
«El Reglamento UE establece una normativa general para todos los Estados, con el objetivo de regular el uso de medicamentos veterinarios», explica la letrada. Especialmente, en el caso de los antibióticos.
Sin embargo, el decreto español «va más allá de la normativa europea, aplicando medidas más restrictivas». Algo que provoca que los veterinarios no puedan dispensar de forma directa los medicamentos necesarios. Y con ello, «en muchos casos, se retrasa el tratamiento de casos urgentes».
Normativa que parece poner en riesgo la vida de muchos animales. Y con ello, la propia viabilidad de la Ley de Bienestar Animal.
«Existen posibles contradicciones entre ambas normativas. La Ley de Bienestar Animal establece que los animales tienen derecho a recibir cuidados veterinarios adecuados. Y, sin embargo, el Real Decreto restringe la dispensación directa de medicamentos en clínicas veterinarias, lo que puede retrasar o dificultar el acceso a tratamientos esenciales y comprometer la vida del animal«, explica Rodríguez.
Un choque especialmente importante «en situaciones de emergencia, donde cada minuto cuenta». Y es que, al ser la farmacia la que debe ofrecer este medicamento, si no lo tiene, «el animal podría fallecer antes de recibir la medicación adecuada».
Discriminación hacia los veterinarios
Choque de normativas que puede suponer una vulneración del derecho de los animales de compañía. «El Real Decreto ha priorizado el control de uso de medicamentos sobre la salud de los animales. Además de ser una contradicción con la Ley de Bienestar Animal, genera una contradicción con el principio fundamental de que los animales deben recibir una atención médica rápida, efectiva y sin barreras innecesarias».
Norma que también afecta a los veterinarios. Y es que la limitación de su autonomía «genera una percepción de desigualdad y discriminación dentro del sector». Especialmente, dado que otros profesionales sanitarios no tienen estas prohibiciones aplicadas.
Situación ante la que los veterinarios están desprotegidos. Así, de «incumplir» esta normativa, las sanciones pueden ser de gran calado, tal y como recuerda Adriana Rodríguez.
«En caso de infracciones leves la multa puede ser de hasta 3.000 euros. Para las graves, hasta 60.000 euros. Las infracciones muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros, así como el cierre temporal de la clínica o servicio veterinario por un periodo de hasta cinco años», recuerda la abogada. Cerca de medio millón de euros de sanción para el veterinario que, incumpliendo la burocracia, intente salvar la vida de animales como Selva.
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