De izquierda a derecha, en la primera fila, José Carlos López Martínez y Ángel López Mármol. En la segunda, Carolina Encabo de Lizaur, y Leticia Adelaida Jiménez Jiménez. Y en la tercera fila, Enrique Alberto Maya Moreno, David Vázquez García y Fernando Pinto Palacios.
Los «maquinistas» del Supremo renuevan la Junta Directiva de su asociación con afán reivindicativo
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15/3/2025 05:40
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Actualizado: 15/3/2025 08:00
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El desaparecido magistrado del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo –antes–, Rafael de Mendizábal, acuñó una frase que ha pasado a la historia: El Tribunal Supremo es el «barco almirante» y la Audiencia Nacional el «portaaviones» de la Armada de la Justicia española.
De Mendizábal lo dijo. para resaltar la potencia de tiro de la Audiencia Nacional, cuyo «padre» y creador fue él cuando ejerció responsabilidades políticas. Pero la frase no iba desencaminada. Porque en el Tribunal Supremo, el «barco almirante», sí hay una sala de máquinas y unos maquinistas sin los que el Alto Tribunal tendría muy difícil la navegación.
Porque son ellos los que estudian los recursos de casación que se interponen ante las cinco salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), y los que elaboran los proyectos de resolución para inadmitirlos así como los informes para que sean admitidos.
Dos funciones que son vitales en la maquinaria del Tribunal Supremo, que es el que sienta la jurisprudencia que tienen que seguir los tribunales inferiores. Conforman un personal técnico-jurídico muy cualificado. Sin su trabajo el TS quedaría bloqueado.
QUIÉNES SON LOS «MAQUINISTAS» DEL SUPREMO
Este colectivo está formado en su base por 65 letrados –35 titulares y 30 en comisión de servicio– y 12 letrados coordinadores –2 en Civil, 2 en Penal, 5 en Contencioso-Administrativo, 1 en Social y 1 en Militar–. A día de hoy llega hasta los 113, por los refuerzos aplicados ante la saturación de asuntos a los que tienen que hacer frente.
Un colectivo que está representado por la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo, que nació en 2022 y que acaba de renovar su Junta Directiva, que ha quedado conformada por Fernando Pinto Palacios, como presidente, Leticia Adelaida Jiménez Jiménez, como vicepresidente, Ángel López Mármol, como secretario y tesorero, David Vázquez García y Carolina Encabo de Lizaur, como portavoces, y los vocales José Carlos López Martínez y Enrique Alberto Maya Moreno.
Su lema podría haber sido «un nuevo impulso», que no fue. Pero eso es, precisamente, lo que representan.
Un nuevo impulso para acabar con una injusticia que mina la moral interna: la equiparación interna de todos los salarios y una adecuación de sus emolumentos –una subida, dicho en román paladino– por la máxima responsabilidad que ejercen cada día.
Porque todos, en sus respectivas categorías, a pesar de hacer el mismo trabajo, no cobran lo mismo. La diferencia de sueldos entre ellos puede ser de hasta 8.000 euros anuales. Y entre los coordinadores puede llegar hasta los 27.000 euros, dependiendo de su procedencia.
Si los letrados del Tribunal Supremo son magistrados o fiscales de carrera cobran más que si son catedráticos de universidad, letrados judiciales o funcionarios de la Administración en todos sus niveles.
Si se comparan con el exterior, concretamente con sus homónimos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional (TC) las diferencias salariales están entre los 25.000 y los 35.000 euros anuales por debajo, en el primer caso, y entre los 45.000 y los 50.000 euros, en el segundo.
Para eso es clave que vea la luz una Ley del Estatuto del Letrado del Gabinete Técnico, contemplada en la Ley Orgánica 7/2015, en la que se tendría que establecer una regulación uniforme para todos los letrados del Tribunal Supremo, con independencia de su carrera profesional, de su origen y de sus situación.
Para tener, en una idea, lo mismo que tienen los letrados del Tribunal Constitucional.
Esta situación preocupa mucho entre los magistrados del Tribunal Supremo, que saben el gran valor que tiene el trabajo de los «maquinistas» del Alto Tribunal.
Hay unanimidad entre ellos en que tiene que encontrarse una solución más pronto que tarde. Así lo ven también en la casa de enfrente, el Consejo General del Poder Judicial.
Es esencial coger el toro por los cuernos cuanto antes. Con ello se acabaría también con el alto grado de rotación entre este cuerpo de élite lo que incide, de forma muy directa, en la maquinaria del Supremo.
Lo que no sucede ni en el Constitucional ni en el Consejo General del Poder Judicial.
La solución a esta peligrosa situación no está ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal Supremo sino en la calle de San Bernardo, sede del Ministerio de Justicia. O más concretamente en su titular, Félix Bolaños.
La Asociación va a iniciar una ronda de contactos con todos los actores implicados, incluyendo grupos políticos.
Esperan reunirse pronto con Bolaños. Porque creen firmemente que su causa es justa y beneficia de forma muy directa a quien representa el ministro dice cuidar siempre: la ciudadanía.
A él le corresponde cuidar a los «maquinistas» del «barco almirante» de la Justicia, para que los ciudadanos que hayan recurrido ante el Supremo obtengan sus sentencias cuanto antes.
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