El cuarto turno, el sistema que permite el acceso a la carrera judicial a juristas de reconocido prestigio sin pasar por la oposición tradicional, sufrirá modificaciones si prospera el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En su informe, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte sobre los riesgos que conlleva la ampliación de esta vía de acceso y su impacto en la estructura de la carrera judicial.
Según el mismo, la reforma “desliga el concurso-oposición para el ingreso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado del denominado cuarto turno actualmente vigente y amplía esta forma de ingreso también a la Carrera Fiscal”.
Hasta ahora, las vacantes de magistrado se distribuían en dos cuartas partes para jueces en ascenso, una cuarta parte para pruebas de especialización y otra para el cuarto turno.
¿UNA CARRERA DE DOS VELOCIDADES?
La reforma elimina esta estructura y, según el CGPJ, esto “genera el riesgo de una carrera de dos velocidades”, con desigualdades en el acceso y la promoción. La reserva de plazas desaparece y se establece que el número de plazas para el nuevo sistema de acceso «no podrá ser inferior al equivalente a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre», lo que representa un aumento significativo.
Según el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los juristas de reconocido prestigio que deseen acceder a la carrera judicial o fiscal a través del nuevo sistema de concurso-oposición deben probar que tienen más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico.
El acceso ya no será solo mediante la elaboración de un dictamen y una entrevista sino que los aspirantes deberán superar un concurso-oposición, que incluye dos exámenes iniciales, cuyo contenido aún no ha sido detallado en el anteproyecto, pero que tendrán una función selectiva, y un informe de evaluación, que reemplaza al examen final tradicional y servirá para valorar las capacidades prácticas del aspirante.
A los candidatos que superen este proceso se les reconocerán automáticamente cinco años de servicios prestados en la categoría de juez, lo que supone uno de los puntos más controvertidos, a juicio del CGPJ, que lo considera discriminatorio.
“Este reconocimiento introduce un factor que podría considerarse discriminatorio en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, lo que no resulta justificado”, dice el órgano de gobierno de los jueces.
LA CONVOCATORIA DE LAS OPOSICIONES A JUECES Y FISCALES DEJA DE SER CONJUNTA
Por otra parte, con la reforma proyectada de la LOPJ, la convocatoria de oposición para jueces y fiscales deja de ser conjunta. Hasta ahora, el proceso selectivo para ambas carreras se realizaba de manera unificada, pero el Anteproyecto establece que las convocatorias para el nuevo concurso-oposición de magistrados y fiscales serán independientes.
El CGPJ señala en su informe que esta separación no se justifica en los mismos términos que la creación de la Comisión de Selección en el año 2000, cuando se unificaron los procesos de acceso a ambas carreras.
En ese momento, la razón era la necesidad de gestionar un procedimiento selectivo conjunto. Ahora, al mantener convocatorias separadas para magistrados y fiscales, el Consejo argumenta que la gestión debería volver a ser competencia del CGPJ, en lugar de la Comisión de Selección, que asumirá la convocatoria y aprobación de las bases.
Esta modificación supone un cambio estructural en el acceso a la judicatura y la fiscalía, con procesos diferenciados y criterios de selección específicos para cada carrera.
