Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha recordado hoy la situación de “acuciante necesidad” que atraviesa la carrera judicial durante el acto de entrega de despachos a los 51 magistrados de los órdenes civil y penal de la XXIII promoción del Cuarto Turno, vía de acceso reservada a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
El acto, celebrado por primera vez en la sede del Tribunal Supremo, quiso subrayar —según destacó Isabel Perelló— la trascendencia institucional de estas incorporaciones en un contexto marcado por el déficit estructural de jueces.
España, señaló, presenta una ratio de jueces por habitante inferior a la media europea y una elevada carga de trabajo, circunstancias que hacen “especialmente necesaria” la inmediata integración de estos nuevos magistrados en el Poder Judicial.
En este marco, la presidenta citó el Plan Estratégico de Recursos Humanos en la Carrera Judicial 2026-2035, que prevé la convocatoria de cerca de 370 plazas de juez al año para cubrir las vacantes derivadas de jubilaciones y fallecimientos.
Esta previsión oficial explica la urgencia del refuerzo actual de la plantilla judicial.
Perelló puso en valor el “gran valor añadido” que aportan a la función jurisdiccional las trayectorias profesionales, la experiencia y los conocimientos de los integrantes de esta promoción.
Asimismo, recordó que impartir justicia exige independencia, autonomía de criterio e imparcialidad, principios que —subrayó— están garantizados por las normas vigentes y resultan esenciales para el Estado de Derecho.
64,7 % mujeres y 35,3 % hombres
Los nuevos magistrados —33 mujeres (el 64,7 %) y 18 hombres (35,3 %)— se incorporarán en los próximos días a órganos judiciales de los órdenes civil, penal y de jurisdicción compartida, tras superar las pruebas selectivas correspondientes a las convocatorias publicadas en el BOE el 14 de febrero de 2023, aprobadas por la Comisión Permanente del CGPJ.
El acceso por el Cuarto Turno consta de un concurso en tres fases —valoración de méritos, elaboración de un dictamen jurídico y entrevista— y de un posterior periodo de formación en la Escuela Judicial. Esta formación incluye ocho semanas teóricas presenciales y ocho semanas de prácticas tuteladas en órganos judiciales, así como estancias en instituciones como la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria o centros de internamiento de extranjeros.
Los tribunales calificadores están integrados por representantes del ámbito judicial, fiscal, académico y de la abogacía, lo que garantiza una evaluación técnica plural y rigurosa.
En el caso de esta promoción, el tribunal de los órdenes civil y penal estuvo presidido por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien intervino en el acto junto a la vocal del CGPJ y presidenta de la Comisión de Selección, Gema Espinosa, y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura.
Los nuevos miembros de la Carrera Judicial serán destinados en nueve comunidades autónomas: Cataluña (31), Illes Balears (5), Canarias (4), Andalucía (3), Comunidad de Madrid (2), Región de Murcia (2), Castilla-La Mancha (2), Comunidad Valenciana (1) y País Vasco (1).
Con estas incorporaciones, la XXIII promoción del cuarto turno se suma a los quince magistrados —ocho mujeres y siete hombres— que recibieron sus despachos el pasado 27 de octubre y que ya se integraron en órganos de los órdenes contencioso-administrativo y social, contribuyendo al refuerzo progresivo del sistema judicial.
El acto tuvo lugar en el antiguo Salón de Pasos Perdidos de la Audiencia Provincial de Madrid, justo debajo de la pieza que lleva el mismo nombre en el espacio que da entrada a las diferentes Salas del Supremo.
Hasta 1993 la sede del Tribunal Supremo actual albergaba a la Audiencia Provincial de Madrid y a la Audiencia Territorial, antecedente directo del Tribunal Superior de Justicia. Ese año dichos órganos dejaron esa sede y se trasladaron a otras diferentes fuera del edificio.
Las salas de las Audiencias Provinciales, que se encuentran en la planta baja, fueron reconvertidas en oficinas, salvo dos, que son las que se utilizan hoy en día. para llevar a cabo los interrogatorios en las causas vivas, como las que afectan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
