Las cuatro asociaciones judiciales y las tres asociaciones de fiscales han reaccionado con contundencia a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien calificó de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en el caso del futbolista Dani Alves y cuestionó que la presunción de inocencia pueda «prevalecer sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas».
Las siete asociaciones profesionales —la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— han suscrito un comunicado conjunto en el que acusan a la vicepresidenta de atentar contra las bases mismas del sistema judicial.
“Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”, advierten.
Un ataque a la independencia judicial
Las asociaciones consideran inadmisible que desde el propio Gobierno se desacrediten decisiones adoptadas por tribunales en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Recuerdan que las resoluciones se dictan “tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente”, y subrayan que la independencia del poder judicial es un “pilar fundamental del Estado de Derecho”.
Por eso, lanzan un mensaje directo a la clase política: “Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas, ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de Derecho«.
La presunción de inocencia, principio irrenunciable
El comunicado es especialmente tajante al defender la presunción de inocencia frente a los comentarios de la vicepresidenta: “Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios«.
Las asociaciones recuerdan que este derecho está consagrado tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscritos por España, y que sin él no hay justicia posible.
Apoyo a las víctimas, pero con garantías
Los jueces y fiscales firmantes se muestran plenamente conscientes de la necesidad de proteger a las víctimas de delitos, en particular los de carácter sexual, y recalcan que “es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen”.
Sin embargo, advierten que ese compromiso no puede llevar al abandono de las garantías procesales: “Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto.”
Exigen responsabilidad institucional
Finalmente, el comunicado lanza un mensaje inequívoco a Montero y, por extensión, a todo el Ejecutivo: “Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales«.
Y reiteran su compromiso con una justicia “justa e imparcial para todas las partes involucradas”.
Con esta respuesta unitaria, las asociaciones judiciales y fiscales marcan un límite claro ante los ataques políticos a las decisiones de los tribunales y advierten que no permitirán que se pongan en cuestión principios que garantizan la convivencia democrática.
