La Fiscalía y la acusación particular solicitan penas de hasta once años de prisión para Aránzazu Suárez Palomino, de 39 años, y su pareja, el actor Luis Lorenzo Crespo, de 63 años, por presuntamente haber urdido un plan para aislar, medicar y manipular a una anciana de 85 años, María Isabel Suárez Arias, hasta conseguir que otorgara un testamento a su favor y un poder con el que dispondrían de su dinero.
La mujer percibía una pensión mensual de 950,85 euros, repartida en 14 pagas anuales. Además, disponía de una fuerte cantidad a plazo fijo y tenía en propiedad su casa. Su cuenta del banco tenía un relevante remanente para sus gastos.
Isabel falleció en circunstancias aún por esclarecer.
El escrito de acusación, presentado por tres hermanos de la fallecida ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Arganda del Rey, detalla un entramado que comenzó en marzo de 2021, cuando los acusados se presentaron en la vivienda de Isabel, en Grado, Asturias, y la convencieron para que se trasladara con ellos a Rivas-Vaciamadrid bajo el pretexto de cuidar a sus hijos.
Aránzazu era hija de Juana Suárez Arias, fallecida, la quinta hermana.
Ya en Madrid, comenzaron las visitas médicas con informes manipulados para justificar el inicio de un tratamiento con potentes psicofármacos que alteraron el estado cognitivo de la víctima.
Según el mencionado escrito de acusación, articulado por el conocido abogado penalista Jaime Sanz de Bremond, ni Aránzazu Suárez Palomino ni Luis Lorenzo Crespo tenían actividad laboral conocida ni fuente alguna de ingresos.
MALTRATO CONTINUADO
El abogado afirma, negro sobre blanco, que Isabel Suárez Arias fue objeto de un maltrato continuado y sistemático durante los tres meses y medio que permaneció en el domicilio de su sobrina y su pareja en Rivas-Vaciamadrid, localidad al este de la capital
El maltrato no fue solo psicológico y emocional, sino también físico. La acusación sostiene que Isabel fue aislada completamente de su entorno, privada de su teléfono móvil y de cualquier contacto con familiares y amigos.
Las condiciones de vida que le impusieron fueron indignas: dormía en una cama infantil en la que no cabía, no se le permitía utilizar los baños de la vivienda —tenía que bajar al garaje a un aseo comunitario—; y se le negaron elementos básicos de cuidado como andadores, pañales o alimentación adecuada.
Según una de las cuidadoras, Isabel llegó a decirle: “No sabes lo que me hacen cuando te vas de aquí”; presentaba cardenales visibles, relata el escrito.
La acusación también describe disputas constantes, gritos, desatención médica y una negligencia absoluta hacia su bienestar, hasta el punto de que en su última etapa apenas podía caminar, hablaba con dificultad y presentaba síntomas de desnutrición. La nevera siempre estaba vacía. Estos hechos, acumulados, forman parte de la base de la petición de tres años de prisión por este delito.
Por ello, califica los hechos como un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, recogido en el artículo 173.2 del Código Penal.
ABANDONADA EN EL VIPS DURANTE MÁS DE NUEVE HORAS
Entre los episodios descritos por Sanz de Bremond, destaca uno especialmente simbólico: el abandono de Isabel el 17 de abril de 2021, durante más de nueve horas –desde las 12 del mediodía hasta las 21.30 horas– en una cafetería VIPS del centro comercial H2O de Rivas-Vaciamadrid.
“La dejaron sentada en una mesa […] haciéndole creer que volverían a por ella para celebrar un cumpleaños”, cuando en realidad se habían marchado con sus hijos al parque Warner. Los acusados no respondieron a las llamadas del personal del establecimiento ni a las de la Policía Local.
El escrito subraya, de una forma especial, el deterioro deliberado de la salud de Isabel a través de una combinación de medicamentos como Quetiapina, Reminyl o Haloperidol, algunos de ellos prescritos mediante engaños y sin seguimiento clínico.
La anciana fue sometida, según la acusación, a un “trato absolutamente vejatorio”, sin permitirle contactar con su familia, en Asturias.
Dos de las tres cuidadoras contratadas fueron abandonando el barco: una por miedo, otra por asco. La última, Ana Elizabeth Vaca, aceptó un acuerdo a cambio de su silencio. Recibió un total de 6.300 euros. 3.600 por el mes de junio y 2.700 después del fallecimiento de Isabel. También ha sido acusada.
HIZO HEREDERA PRINCIPAL A SU SOBRINA
Uno de los hitos clave del supuesto plan, de acuerdo con la acusación, fue la obtención de un testamento a favor de Aránzazu Suárez Palomino, que fue otorgado el 7 de mayo de 2021 en una notaría de Madrid.
Para lograrlo, la acusada sacó a Isabel del Hospital Ramón y Cajal, donde estaba ingresada por un fallo renal, firmando un alta voluntaria, en su nombre.
En el testamento, Isabel revocó sus disposiciones anteriores y legó a su sobrina la vivienda de Grado “y todas las cantidades que pueda haber en cuentas de cualquier tipo”, facultándola para “tomar posesión del legado por sí misma y sin trámite alguno”.
La acusación particular ha solicitado la nulidad del testamento por “falta de capacidad de la testadora” o, en su caso, por “dolo testamentario”, conforme a los artículos 663 y 673 del Código Civil.
Aránzazu Suárez Palomino intentó también que su tía Isabel le otorgara poderes notariales amplísimos para disponer libremente de todo su patrimonio.
El 21 de mayo de 2021 consiguió un poder limitado, supuestamente destinado a “cuidados asistenciales”, pero que fue utilizado para transferencias y reintegros por 22.701,75 euros, muchos de ellos con fines personales.
Solo 5.263 euros estarían justificados. El resto fue desviado para fines privados, incluyendo gastos en “ropa, microblading, una técnica de maquillaje semipermanente, transporte” o supuestos cuidados que no se prestaron.
No satisfecha, intentó ampliar ese poder para acceder a fondos a plazo fijo y realizar cualquier operación jurídica. Lo hizo dos veces más: el 1 y el 4 de junio, en dos notarías distintas. Ambos notarios se negaron a autorizarlo por considerar que Isabel no tenía capacidad mental suficiente.
PLAN DELIBERADO PARA HACERSE CON SU PATRIMONIO
De acuerdo con la acusación, estos hechos evidencian un plan deliberado para controlar y vaciar el patrimonio de la anciana.
Isabel falleció la mañana del 28 de junio de 2021. La cuidadora Ana Elisabeth Vaca llamó a la sobrina y a su marido a las 8 de la mañana para comunicarles la muerte. Sin embargo, no fue hasta las 12.21 cuando Lorenzo realizó la llamada al 112 para informar del fallecimiento. Cuatro horas más tarde.
La autopsia reveló una intoxicación aguda por metales pesados —cadmio y manganeso—, así como la presencia de múltiples psicofármacos. Aunque la etiología oficial de la muerte es “indeterminada”, el informe forense concluye que “no se puede descartar una situación de efecto potenciador entre dichos fármacos […] que hubiesen podido ser los responsables de la muerte”.
Sanz de Bremond no ha calificado los hechos como homicidio porque no se ha podido determinar la causa exacta de la muerte de la anciana. Y, por lo tanto, no se puede acreditar el nexo causal director entre los acusados y el fallecimiento de la mujer.
Por eso, ha solicitado para Aránzazu Suárez 11 años de prisión por los supuestos delitos de estafa agravada, detención ilegal, maltrato habitual en el ámbito familiar y falsedad en documento público.
Para el actor Luis Lorenzo, un poco menos: 10 años y seis meses de prisión, por los mismos presuntos delitos salvo el de falsedad en documento público.
Y para la cuidadora, Ana Elisabeth Vaca, 7 años de prisión, por los supuestos delitos de maltrato habitual y detención ilegal.
Además, se reclama la devolución de los 17.438,51 euros a la herencia de Isabel y la nulidad de todas las disposiciones patrimoniales realizadas en vida bajo influencia indebida.
Lo curioso de todo es que al marido, Luis Lorenzo, le fueron encontrados 142.315 euros en efectivo ocultos en el registro que se practicó en su domicilio. Un dinero cuya procedencia está todavía por justificarse.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Arganda del Rey, María del Carmen de la Rocha Díaz, ya ha acordado la apertura de juicio oral contra los tres acusados mediante el consabido auto. Ya ha comenzado al cuenta atrás para el juicio, que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid.
