Félix Bolaños ha calificado la "espantá" de los consejeros del PP como "gamberrismo político". El PP reclama más fondos para la Ley de Eficiencia. Foto: EP.
Las comunidades del PP plantan al ministro de Justicia y exigen financiación real para aplicar la ley de Eficiencia
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04/4/2025 13:38
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Actualizado: 04/4/2025 13:45
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Los siete consejeros de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas que tienen competencias transferidas en las que gobierna el PP han plantado hoy a ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y se han marchado de la Conferencia Sectorial de Justicia que se está celebrando hoy en Barcelona.
Bolaños ha calificado este abandono como de “gamberrismo político” del PP, en referencia al abandono de los consejeros del ramo de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunitat Valenciana, La Rioja y Cantabria,
«Es obvio que cada día se parece más a Vox, ha abandonado la política institucional», ha dicho sobre el Partido Popular, del que ha añadido que prefiere el enfrentamiento y el boicot de instituciones como es la Conferencia Sectorial de Justicia a trabajar por la justicia.
ESTO ES UN “PARIPÉ”
Así ha calificado Miguel Ángel García Martín, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración local de la Comunidad de Madrid tras dejar la reunión: “Esto es un paripé”, una farsa.
García Martín ha acusado al ministro de convertir el foro de trabajo en una «tertulia» carente de contenido real, sin orden del día definido, sin documentación previa y, sobre todo, sin abordar los aspectos esenciales para implementar con éxito la nueva ley de eficiencia organizativa del sistema judicial. La exigencia principal: financiación.
“Esto no es una tertulia. Aquí hemos venido a trabajar”, ha afirmado de forma tajante el consejero madrileño, quien ha liderado la protesta.
García Martín ha recordado que la ley requiere de un desarrollo reglamentario, modelos de referencia y dotación presupuestaria que, a su juicio, el Ministerio no ha puesto sobre la mesa.
En el caso concreto de Madrid, ha asegurado que el coste de aplicación de la nueva norma asciende a más de 40 millones de euros.
La mitad de esa cantidad corresponde a gastos estructurales derivados de la implantación de las oficinas judiciales, los tribunales de instancia y los servicios en los municipios. “¿Cómo se puede aplicar una ley sin reglamentos, sin financiación y sin modelos de referencia?”, ha cuestionado.
Frente al plante del bloque popular, el Ministerio de Justicia ha defendido que ya ha destinado 325 millones de euros para la ejecución de la norma.
Sin embargo, el consejero madrileño ha negado rotundamente esa cifra: “Para esta ley, el Ministerio no ha transferido absolutamente nada. Esos fondos son europeos y se aplican a otras cuestiones anteriores. No hay ni un solo papel que demuestre que se ha destinado un euro a esta norma”.
«NINGUNEO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS»
El representante autonómico también ha denunciado la actitud del Gobierno central, al que acusa de “ningunear” a las comunidades autónomas y de priorizar el diálogo con partidos independentistas, en lugar de con quienes tienen las competencias para aplicar la ley en cada territorio.
“El ministro negocia con quienes quieren romper la convivencia, pero no con los gobiernos legítimos de las comunidades autónomas”, ha afirmado.
La tensión entre ambas partes alcanzó incluso lo personal. El consejero aseguró que el ministro llegó a calificar su actitud como «macarra» durante una reunión. “Lo que él llama macarra, yo lo llamo responsabilidad. He venido a pedir medios para implantar con eficacia una ley”, sentenció.
INCUMPLIMIENTO DE LA LOFCA
La crítica de fondo, compartida por varios gobiernos regionales del PP, gira en torno a una cuestión central: el incumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece que cualquier decisión estatal que afecte a las finanzas autonómicas debe ir acompañada de los recursos necesarios.
“No pedimos un gesto, pedimos lo esencial para que esta ley pueda ser un éxito. Y eso empieza por un orden del día claro, documentación previa y voluntad de acuerdo”, insistió el consejero, que dejó claro que las comunidades del PP no acudirán a futuras convocatorias “para hacerse una foto”.
El choque evidencia el profundo desacuerdo institucional sobre el modo de aplicar una de las reformas estructurales más relevantes para la modernización de la Justicia española. Mientras el Ministerio apela al diálogo, las comunidades reclaman compromisos concretos. Y mientras eso no llegue, no habrá consenso.
BOLAÑOS CONTESTA
Sobre los motivos que han aducido los consejeros del PP para irse, como no estar de acuerdo con la financiación de la Ley de Eficiencia Judicial, el ministro ha subrayado que se han transferido 325 millones de euros a las comunidades autónomas que tienen la competencia transferidas, y que algunas de las gobernadas por el PP «que se han quejado amargamente» han recibido en torno a 50 millones de euros.
Ha recordado que la Conferencia Sectorial de Justicia no es el órgano competente para hablar de financiación, sino que este tema corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera del que «también se levantaron».
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