El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, una reforma legislativa que moderniza el marco normativo vigente desde 2015. Entre sus principales novedades, destaca la ampliación de las competencias prescriptoras a enfermeras y fisioterapeutas, así como la habilitación de los farmacéuticos para sustituir medicamentos en caso de desabastecimiento.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que la norma persigue tres grandes objetivos: “modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlo al siglo XXI, incorporar las lecciones aprendidas durante la pandemia y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Prescripción para nuevos profesionales sanitarios
Hasta ahora, solo médicos, podólogos y odontólogos estaban habilitados para prescribir medicamentos.
El nuevo texto legal modifica el Real Decreto 954/2015 para permitir que las enfermeras, dentro de su ámbito competencial, puedan indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Además, por primera vez, se desarrollará un marco normativo que permita a los fisioterapeutas prescribir determinados tratamientos.
Farmacéuticos con más capacidad de actuación
En casos de desabastecimiento, los farmacéuticos podrán sustituir el medicamento prescrito por otro equivalente sin necesidad de que el paciente vuelva al centro de salud.
Esta medida, regulada mediante una lista oficial de medicamentos sustituibles, busca reducir la carga asistencial y facilitar el acceso inmediato a tratamientos.
Prescripción por principio activo y nuevo sistema de precios
El anteproyecto también establece como regla general la prescripción de medicamentos por principio activo, es decir, por su composición química esencial, en lugar de por marca comercial.
El farmacéutico dispensará el producto de menor precio de una “agrupación homogénea” seleccionada por Sanidad.
No obstante, el paciente podrá elegir otra marca dentro del rango de precios cubierto por el Sistema Nacional de Salud, e incluso fuera de él, asumiendo la diferencia de precio.
Además, se introduce una nueva categoría: los medicamentos de primera prescripción, pensados para tratamientos crónicos o recurrentes, que podrán ser dispensados en la oficina de farmacia sin necesidad de una nueva receta médica en cada ocasión.
Financiación flexible e incorporación temprana de medicamentos
Otro de los pilares del texto es la modificación del sistema de precios de referencia. Se abandona el modelo rígido de precio único por uno de “precios seleccionados”, con márgenes que permiten a las compañías diferenciarse y fomentar la competencia.
Cada seis meses, los laboratorios podrán presentar sus ofertas, y el Ministerio seleccionará aquellas que combinen precio competitivo con garantía de suministro.
Asimismo, la ley favorece la entrada temprana de medicamentos innovadores mediante mecanismos de financiación condicional y transitoria, especialmente en fármacos de alto valor añadido para colectivos específicos.
Reserva estratégica y medicamentos esenciales
En línea con la experiencia de la pandemia, la reforma refuerza el control estratégico del Estado sobre los medicamentos esenciales.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá intervenir en aspectos como la fabricación, distribución o importación de los denominados medicamentos estratégicos, e incluso proponer incentivos fiscales para garantizar su disponibilidad.
Además, los laboratorios estarán obligados a notificar sus planes de prevención frente a posibles problemas de suministro.
El copago, no se ha incluido en el anteproyecto
El Ministerio de Sanidad había planteado en un primer borrador incluir una reducción del copago farmacéutico para las rentas más bajas. Sin embargo, este apartado no ha sido finalmente incorporado en el anteproyecto debido a que requiere la participación de otros departamentos ministeriales.
Sanidad confía en que esta medida pueda recuperarse en una segunda vuelta del Consejo de Ministros o durante su tramitación parlamentaria.
El Ejecutivo pretende que la nueva ley llegue al Congreso antes del verano, abriendo así un proceso legislativo que podría culminar antes de final de año.
Con esta reforma, el Gobierno busca reforzar la equidad, eficiencia y resiliencia del sistema sanitario en materia farmacéutica, en un contexto de creciente presión asistencial y desafíos globales de salud.
