El próximo 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París celebrará una nueva vista clave en el caso que enfrenta a Malasia con los supuestos herederos del extinto sultanato de Sulu, quienes reclaman 14.900 millones de dólares en concepto de indemnización por cuestiones históricas relacionadas con el territorio de Sabah.
Así lo ha confirmado la ministra del Departamento del Primer Ministro para la Reforma Jurídica e Institucional de Malasia, Datuk Seri Azalina Othman Said, a la cadena de televisión Bernama TV de ese país.
La ministra ha subrayado que el tribunal francés evaluará en esta audiencia la validez del laudo arbitral dictado en 2022 a favor de los siete herederos del sultanato de Sulu, así como otros aspectos legales conexos.
«Malasia continuará empleando todos los recursos, derechos y mecanismos disponibles para proteger su inmunidad soberana y sus intereses nacionales, y para poner fin a este caso fraudulento y sin fundamento iniciado por el grupo de Sulu», declaró Azalina en un comunicado oficial.
El pasado mes de junio el Gobierno malasio ya anunció que iniciarán acciones civiles y penales contra los herederos del sultán, el despacho español Bernardo Cremades y Asociados, que representó a los anteriores en el laudo arbitral, así como contra el fondo británico que financió el arbitraje, Therium.
La decisión de actuar ante los tribunales franceses forma parte de esa hoja de ruta marcada.
Un caso marcado por un supuesto fraude y la controversia
El origen del litigio se remonta a 2019, cuando ocho ciudadanos filipinos –ahora son siete debido al fallecimiento de uno de ellos– que se presentan como herederos del antiguo sultanato de Sulu iniciaron un procedimiento arbitral en España para exigir los 14.900 millones de dólares a Malasia.
En marzo de ese año, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid designó al árbitro Gonzalo Stampa para dirigir el proceso.
Sin embargo, dicho tribunal anuló posteriormente su nombramiento. A pesar de ello, Stampa siguió adelante con el arbitraje y el 28 de febrero de 2022 dictó un laudo final por un valor de 14.900 millones de dólares, a favor de los herederos demandantes.
Malasia ha rechazado desde el inicio tanto el procedimiento como sus resultados, y en los últimos meses ha cosechado una serie de victorias judiciales en Europa que refuerzan su posición.
Entre ellas, la ministra destacó la anulación del reconocimiento del laudo preliminar por parte del Tribunal de Casación francés, el rechazo del laudo final por parte del Tribunal Supremo de Países Bajos, y la condena de Gonzalo Stampa.
El árbitro español fue condenado, en primera instancia –que ratificó la apelación– a 6 meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. La condena se basó en que Stampa continuó con el proceso arbitral y dictó el laudo en París, desoyendo las órdenes explícitas del TSJM que le había ordenado cesar su actividad como árbitro en el caso de los herederos de Sulu contra Malasia.
El Supremo está pendiente de resolver el recurso de casación interpuesto por el árbitro.
Abuso del arbitraje y financiación opaca
Según la ministra malasia, este caso ha puesto de relieve los peligros del uso abusivo del arbitraje internacional por parte de particulares con el respaldo de financiación por terceros («third-party funding»), con el objetivo de atacar la soberanía de un Estado y forzar el embargo de activos públicos, en clara referencia al fondo de litigios Therium.
“Se ha intentado prolongar esta reclamación infundada mediante medios altamente engañosos”, ha denunciado.
En el marco de una visita oficial a Europa, la ministra se reunió en París con el equipo jurídico que representa a Malasia para revisar la estrategia legal de cara a la próxima vista.
La resolución del Tribunal de Apelación de París se presenta como una cita crucial en este largo litigio internacional, que ha suscitado un intenso debate sobre los límites del arbitraje privado frente a la inmunidad soberana de los Estados.
