La Corte de Apelaciones de París cerrará el próximo 9 de diciembre uno de los casos de arbitraje más controvertidos de los últimos años. En juego: un laudo de 14.900 millones de dólares (12.813 millones de euros) que los herederos del Sultanato de Sulu reclaman a Malasia por territorios que dejaron de existir hace más de un siglo.
Un laudo sin tribunal válido
El origen del problema se remonta a febrero de 2022, cuando el árbitro español, Gonzalo Stampa, dictó ese laudo millonario a favor de los reclamantes.
El detalle que complica todo: Stampa ya no tenía autoridad para hacerlo. Los tribunales de Madrid habían anulado previamente su nombramiento, pero él continuó con el procedimiento por su cuenta.
La primera instancia penal y la Audiencia Provincial de Madrid, después, condenaron a Stampa a seis meses de prisión, sentencia que fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que ha fijado el 30 de septiembre para deliberar.
La ministra malasia de Asuntos Jurídicos, Datuk Seri Azalina Othman Said, confirmó que el tribunal parisino concluyó el 7 de julio pasado las audiencias sobre el recurso de anulación.
Los demandantes intentaron un último movimiento para retrasar el proceso, buscando más tiempo para responder a la opinión del fiscal público francés. La Corte rechazó la maniobra y mantuvo el calendario previsto.
Victoria parcial para Kuala Lumpur
Malasia ya logró un respaldo judicial significativo en noviembre de 2024. La Corte de Casación francesa —el tribunal supremo del país— ratificó que un laudo parcial anterior de Stampa no podía ejecutarse por falta de jurisdicción.
«Confiamos plenamente en la justicia francesa», declaró Azalina, quien calificó las acciones de los herederos de Sulu como «intentos ilegales de ejecución global». El gobierno malasio ve en este caso un ejemplo de «lawfare»: el uso abusivo del sistema legal internacional contra Estados soberanos.
El negocio detrás de la demanda
Los reclamantes no actúan solos. Cuentan con el respaldo de Therium, una firma británica especializada en financiar litigios a cambio de un porcentaje de las ganancias, que ha contado con la dirección legal del abogado británico Paul Cohen.
Este modelo, conocido como «third-party funding», permite a inversores apostar por demandas millonarias sin que los demandantes asuman riesgos económicos.
Malasia impulsa ahora reformas internacionales para aumentar la transparencia en este tipo de financiación, precisamente para evitar que se convierta en una herramienta de presión contra países en desarrollo.
Los orígenes del conflicto
La disputa se originó en un acuerdo de 1878 por el cual el sultanato de Sulu cedió los territorios de Sabah a la Compañía Británica de Borneo del Norte a cambio de pagos anuales. Cuando Malasia se independizó, continuó esos pagos como gesto de buena voluntad hasta 2013.
La ruptura llegó tras un intento armado de los reclamantes por tomar militarmente Sabah, una operación que terminó con decenas de muertos y que Kuala Lumpur consideró un acto de agresión.
Más que dinero: soberanía en juego
La decisión del 9 de diciembre trasciende los 14.900 millones de dólares en disputa. Establece un precedente sobre los límites del arbitraje internacional y la protección de los Estados frente a demandas privadas financiadas externamente.
Si París anula definitivamente el laudo, como anticipan en Kuala Lumpur, cerrará un capítulo que ha puesto a prueba las reglas del juego del arbitraje global. Si lo ratifica, abrirá la puerta a una nueva era de demandas especulativas contra países en desarrollo.
La fecha está marcada. El veredicto, también.
