La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha reactivado las negociaciones entre los vocales progresistas y conservadores con el objetivo de desbloquear los nombramientos de los presidentes de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Por ello, volverá a incluir de nuevo esta cuestión en el orden del día del Pleno del próximo miércoles 7 de mayo, pese a que las posiciones de ambos bloques siguen enrocadas.
Así se lo trasladó la propia Perelló a los vocales en las últimas semanas de abril, advirtiendo de que estos dos nombramientos discrecionales no pueden quedar pendientes ‘sine die’.
Las fuentes consultadas precisan que, aunque inicialmente dio de plazo todo el mes de mayo, ha decidido volver a llevarlo a Pleno, concretamente al cónclave ordinario previsto para esta semana.
Tercera tentativa sobre las presidencias de las salas Segunda y Tercera
Se trata de la tercera tentativa de la presidenta, después de que el 26 de febrero lograra sacar adelante los nombramientos de Ignacio Sancho (Sala de lo Civil) y Concepción Ureste (Sala de lo Social), dejando en suspenso las presidencias de las salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo.
Una maniobra que fue criticada por parte del bloque progresista, al considerar que escindir esas votaciones suponía entregar un balón de oxígeno al ala conservadora, ya que tanto Andrés Martínez Arrieta como Pablo Lucas ejercen de presidentes interinos desde hace tiempo, sin necesidad de un refrendo del Pleno.
Desde entonces, el intercambio de nombres ha sido constante pero estéril. El último acercamiento real, según fuentes del órgano, se produjo en abril, cuando se puso sobre la mesa una posible fórmula de compromiso: Martínez Arrieta en lo Penal y Pilar Teso en lo Contencioso. Sin embargo, no llegó a formalizarse y fue rechazada por los conservadores.
A tres días del Pleno del CGPJ, los bloques mantienen sus apuestas: los conservadores, firmes en los nombres de Martínez Arrieta y Lucas; y los progresistas, decididos a impulsar a Ana Ferrer y Pilar Teso.
Estos últimos insisten en que, además del mérito y la capacidad, la reciente normativa de paridad obliga a que las vacantes se cubran con mujeres, en un órgano que aún arrastra una notoria brecha de género en sus altas esferas.
Una negociación a contrarreloj con el listón en 13 votos
La aritmética del CGPJ obliga a que cualquier nombramiento cuente con al menos 13 votos. Con diez vocales por bloque y el voto adicional de Perelló, los pactos transversales son imprescindibles. De ahí la dificultad añadida de una negociación donde ambas partes consideran que tienen más que perder que ganar.
La presidenta del CGPJ ya vivió un revés el pasado 1 de abril, cuando se vio obligada a retirar estos nombramientos del orden del día ante la falta de consenso, lo que permitió aprobar sin sobresaltos otros 18 cargos, incluidas las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Asturias y Murcia.
La relevancia de lo Penal y lo Contencioso
El peso institucional y político de las dos salas en disputa no es menor. La Sala de lo Penal es competente para instruir y juzgar causas contra aforados, entre ellos ministros, senadores, diputados y altos cargos, como el fiscal general del Estado.
La de lo Contencioso-Administrativo, por su parte, actúa como principal contrapeso judicial al Ejecutivo, al controlar mediante recursos la legalidad de sus decisiones.
Por ello, el equilibrio en sus respectivas presidencias resulta crucial no solo desde una perspectiva de gestión interna, sino también como pieza estratégica en el tablero institucional del Estado.
El pulso continúa. El tiempo apremia.
