El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila avanza en la investigación sobre la supuesta entrega de un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, interna en la prisión de Brieva, a cambio de favores sexuales.
El juez ha acordado dirigir la investigación contra A.M.H., uno de los trabajadores del centro, que ha sido citado a declarar en calidad de investigado.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Ana Julia Quezada, que cumple condena de prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz Ramírez, de 8 años, declaró que el teléfono le fue entregado fuera del penal por M.A.R.Q., su pareja, y que fue A.M.H. quien lo introdujo en la prisión. M.A.R.Q. también ha sido citada, aunque como testigo.
SE INVESTIGA UN DELITO DE COHECHO
El juzgado ha solicitado al centro penitenciario que aclare la relación laboral de A.M.H. con la institución. El auto precisa que, aunque pudiera tratarse de un trabajador contratado bajo derecho privado y no de un funcionario público, ello no impide que declare como investigado en esta fase inicial del proceso.
Así lo recoge el propio auto: “La eventual circunstancia de que esté contratado por relación laboral de derecho privado, y que por tanto no sea funcionario público, no opsta para su declaración como investigado, al menos en este primer estadio procesal”.
La investigación se enmarca en un presunto delito de cohecho, tipificado en el artículo 443.2 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o acepte dádivas a cambio de realizar un acto propio de su cargo.
LOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS ESTÁN SUSPENDIDOS DE FUNCIONES
La semana pasada, otro de los investigados, S.T., compareció ante el juez. Durante su declaración, limitada a las preguntas de su abogado, negó cualquier implicación en un posible intercambio de favores sexuales por la entrega o encubrimiento de un teléfono móvil.
Sostuvo que no propuso ni aceptó trato alguno con la interna, y negó haberla alertado de inspecciones en su celda, donde supuestamente escondía el dispositivo.
Cabe recordar que los funcionarios implicados han sido suspendidos de sus funciones mientras avanza la investigación. La causa sigue abierta y la instrucción continúa para esclarecer si, efectivamente, existió un acuerdo ilícito entre trabajadores del centro y la interna Ana Julia Quezada.
