Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz que fue asesinado en febrero de 2018 en Níjar (Almería), ha solicitado que se active una pulsera de control para Diego M.F.A., el hombre condenado por acosarla.
Este llegó a estar detenido durante la búsqueda del menor, ante su inminente salida de prisión tras haberle sido concedido un permiso por Navidad de tres días, según ha detallado la afectada.
Patricia Ramírez ha confesado sentir «miedo» ante la medida dado que «durante meses su acoso fue muy intenso, llegando a dormir en las inmediaciones de la casa» por lo que ha reclamado que se adopte la medida de protección antes de su salida, prevista, según ha añadido, este 24 de diciembre.
«Creo que debe de salir controlado y con las medidas de evaluación necesarias» ha añadido antes de insistir en los «dos años» en los que vivió «una situación de miedo difícil de sobrellevar que en estos momentos podría volver a reproducirse».
«Me enteré hace aproximadamente tres días y estoy intentando protegerme con las herramientas que tengo a mi alcance luchando para sentirme algo más segura, creo que hay que proteger a las víctimas y en este caso no se está haciendo lo suficiente», ha valorado la madre de Gabriel.
No le corresponden medidas de protección derivadas de la ley de violencia de género
Además, apunta que, al no haber tenido una relación sentimental con él, no le corresponden medidas de protección derivadas de la ley de violencia de género «a pesar de tener ya cinco condenas en firme por la obsesión que mantiene conmigo».
En este sentido, ha indicado que no ha sido informada de su estado o si su acosador se encuentra en tratamiento, si bien espera que «su evolución sea positiva en su conducta obsesiva» hacia ella.
«No sé si es así, no hay informe forense que se haya practicado recientemente que así lo determine, ni se me ha informado de nada», ha dicho ante los tres días que le han sido concedidos al reo.
Según señala Ramírez, su letrado Miguel Ángel Torres ha solicitado que se active la pulsera de localización que «parece ser que está caducada por un problema de comunicación entre el juzgado y prisiones».
«Este dispositivo fue concedido durante un año», ha insistido la perjudicada, para quien con la entrada en prisión de su acosador, este solo habría «cumplido cuatro meses con el dispositivo» con lo que «le restarían por cumplir ocho meses todavía».
«No me opongo a que salga si le corresponde el permiso, son sus derechos. Ni quiero que se le exponga públicamente otra vez, pues tiene sus derechos y entiendo que hay que respetarlos».
«No fue justo para él que se contase toda su vida durante días en televisión y ser sospechoso de la terrible pérdida» de Gabriel, ha valorado Ramírez.
No obstante, considera que ella también tiene «derecho a estar protegida suficientemente» ante las dudas sobre si su acosador pudiera «estar más enfadado conmigo por aquella situación u obsesionado con verme».
«Se la pusieron de forma excepcional como medida de libertad vigilada por la gravedad de la situación»
Con esto, y dado que la medida de la pulsera «se la pusieron de forma excepcional como medida de libertad vigilada por la gravedad de la situación», según ha indicado.
Ramírez asegura que «diferentes magistrados» le han invitado a «salir a contar esta situación públicamente para modificar este aspecto» de la ley y «poder actuar para proteger mi caso y otros que se les presentan con los que no pueden actuar hasta que la ley no se adapte y los incorpore».
La madre de Gabriel ha expresado su agradecimiento a aquellas personas que le han trasladado su apoyo y le «brindan su cariño y ayuda».
«Cada vida tiene sus cosas y todos llevamos nuestra lucha. En la mía ahora está protegerme y asegurar que se haga justicia con la muerte de Gabriel tal como me comprometí con él y el resto de la sociedad comprometida a hacerlo con la mejor voluntad y trabajo necesario», ha concluido.
