El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, se reunirá la próxima semana con representantes de las principales asociaciones judiciales y fiscales que han convocado un paro para el próximo 11 de junio en protesta por el proyecto de ley que reforma el sistema de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, anunciado recientemente por el Gobierno.
A través de un comunicado, la Abogacía ha manifestado que “considera de vital importancia el efecto que sobre la Justicia tendrá la reforma del acceso a la carrera judicial y la carrera fiscal”, subrayando su deber institucional de “escuchar a los convocantes de esta protesta dada la importancia del tema para el funcionamiento de la Justicia”.
La convocatoria, que ha sido secundada por todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo las de orientación progresista, consiste en un paro simbólico de diez minutos frente a las sedes judiciales el 11 de junio a las 12:00 horas.
Su objetivo: manifestar el rechazo a una reforma que consideran “perjudicial para la independencia judicial”, innecesaria desde el punto de vista social y potencialmente peligrosa para el equilibrio del Estado de Derecho.
Las asociaciones firmantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)— han solicitado este encuentro con el presidente de la Abogacía para trasladarle directamente su posición y entregarle los informes técnicos que han elaborado.
Entre sus principales reclamaciones se encuentra la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, así como la retirada del anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que plantea un nuevo modelo procesal en el que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones penales, actualmente en manos de los jueces de instrucción.
Una reforma que llega en un contexto de máxima presión para los órganos judiciales
Desde la Abogacía se ha puesto el acento en la necesidad de que cualquier reforma garantice “una adecuada selección de aspirantes a jueces y fiscales conforme a los principios de mérito y capacidad”, condición indispensable, en palabras de Salvador González, “para dotarnos del servicio público de Justicia que todos queremos y nuestra sociedad merece”.
La Abogacía ha aprovechado para recordar que las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial evidencian una creciente litigiosidad y una sobrecarga de trabajo que sitúa a los jueces en máximos históricos, sin que se les estén asignando los recursos y refuerzos necesarios.
Por ello, el Consejo considera imprescindible establecer una hoja de ruta clara que contemple la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales, así como una planificación a medio y largo plazo que garantice un modelo de Justicia sostenible, eficiente y acorde con las necesidades reales de los ciudadanos.
