David Cebrián, director de la Editorial Espasa, Manuel Marchena, el autor, y el novelista Lorenzo Silva, que lo presentó y le hizo una pequeña entrevista. Foto: Confilegal.
Marchena ve inviable dar al fiscal la instrucción penal por la coyuntura histórica de desconfianza que vive España
Fue durante la presentación de su último libro "La Justicia amenazada"
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27/5/2025 05:38
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Actualizado: 27/5/2025 07:34
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El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, argumentó ayer que un sistema en el que la instrucción penal recaiga en el Ministerio Fiscal —como sucede en buena parte de Europa— podría ser “definitivamente bueno”, siempre que el juez de garantías salvaguarde los derechos fundamentales.
En su opinión, ambos modelos –el del juez instructor (el actual) y el del fiscal investigador supervisado por un juez de garantías– pueden ser igualmente eficaces, siempre que estén dotados de controles adecuados. «Lo esencial», a su juicio, «no es tanto el marco normativo como la confianza en las personas que ejercen las instituciones».
Sin embargo, el magistrado considera que España no atraviesa el momento adecuado para abordar una reforma de ese calado.
“La coyuntura histórica actual no lo permite”, subyaró Marchena, aludiendo a los “vientos de desconfianza” que soplan tanto hacia el Poder Judicial como hacia el propio Ministerio Fiscal.
Para el magistrado, una transformación de este tipo exigiría “un consenso político amplio” que disipara toda “suspicacia” sobre la imparcialidad de las instituciones implicadas.
“Ese consenso, hoy por hoy, no existe”, concluyó. “No es el momento de acometer una reforma de esta profundidad sin acuerdo político, social y jurídico”, advirtió.
Presentación de «La Justicia Amenazada»
Marchena hizo estas declaraciones durante la presentación de su último libro, titulado «La Justicia amenazada», acompañado del novelista Lorenzo Silva (abogado de origen durante 12 años) y David Cebrián, director de la Editorial Espasa, que tuvo lugar en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Un espacio que presentó un lleno al 95 %.
Publicado el pasado 21 de mayo, el libro se encuentra ya en su segunda edición. Su recepción crítica y el éxito de ventas reflejan, como señaló su editor, “la necesidad de un libro así en un momento especialmente delicado para la justicia española”.
Entre el público, en primera fila, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, junto a Sofía Perea, la esposa de Marchena, y Manuel Marchena hijo, abogado.
También los magistrados del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, Mario Macías y Concepción Espejel. Del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Carmen Almela, Pablo Llarena, Eduardo de Porres, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, y Carlos Lesmes.
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón y el magistrado Pascual Fabiá.
Los vocales del CGPJ Alejandro Abascal, Gema Espinosa, Carlos Orga, José Eduardo Martínez Mediavilla y José Luis Costa Pillado. Más allá, amigos como el abogado y exministro de Justicia, Rafael Catalá, el también abogado y exmagistrado del Supremo, Adolfo Prego, y su hijo, del mismo nombre, el presidente del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea, su antecesor, Gabriel de Diego Quevedo, la novelista Julia Navarro y su esposo, el periodista Fermín Bocos, entre otros.
Una reflexión con serenidad y profundidad
Durante la presentación, Marchena reflexionó con serenidad y profundidad sobre algunos de los principales retos del sistema judicial español, desgranando los contenidos de su obra en diálogo con Silva y con intervenciones espontáneas que abordaron cuestiones tan complejas como este, del papel del Ministerio Fiscal, los aforamientos, la publicidad en el proceso penal, la acción popular y el funcionamiento del CGPJ.
Tanto el editor como Silva destacaron el valor divulgativo de «La justicia amenazada». Un libro que, sin renunciar al rigor jurídico, está escrito para el lector generalista, con un lenguaje accesible, sin tecnicismos y con la voluntad de acercar el funcionamiento del sistema judicial a la ciudadanía.
Silva elogió la capacidad de Marchena para tratar temas complejos con serenidad, sin caer en el dogmatismo ni en el lenguaje incendiario. “Es un libro que invita a pensar. No da respuestas fáciles, pero sí plantea las preguntas adecuadas”, dijo.
Marchena confesó públicamente que el libro ha sido un ejercicio de responsabilidad institucional y un gesto de apertura al debate social. “La justicia está amenazada no solo por factores externos, sino también por inercias internas, por la falta de cultura jurídica y por el uso partidista de instituciones que deberían estar al servicio del interés general”, afirmó.
Aforamientos: una concepción “cuasi protocolaria” que debe corregirse
Marchena fue muy crítico con el uso generalizado y extensivo del aforamiento en el sistema jurídico español. En su intervención señaló que en España se ha desarrollado una especie de “cultura del aforamiento”, que confunde prerrogativa procesal con dignidad institucional.
A su juicio, el aforamiento debería reservarse exclusivamente para las altas autoridades del Estado: diputados, senadores, miembros del Gobierno y, de forma excepcional, el rey emérito. “El aforamiento no puede ser una medalla honorífica. Es una excepción al principio de igualdad ante la ley”, recalcó.
Pero subrayó la paradoja jurídica de que, en muchos casos, los aforados se sienten perjudicados por el hecho de que no pueden recurrir en apelación una eventual condena del Tribunal Supremo.
Esta situación ha sido calificada como «problemática» por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde la perspectiva del derecho a una segunda instancia. “Muchos condenados por el Supremo acuden al TEDH alegando que el privilegio del aforamiento les ha impedido ejercer su derecho a recurrir”, explicó.
La publicidad del proceso penal: garantía sí, escarnio no
Otro de los temas fundamentales tratados por Marchena fue el de la publicidad en el proceso penal. En su obra, el magistrado analiza cómo el principio de publicidad –concebido como una garantía del justiciable frente al poder estatal– ha sido desvirtuado en la práctica y convertido, en muchos casos, en una forma de pena anticipada.
Marchena subrayó la importancia de la publicidad como conquista del constitucionalismo liberal frente al oscurantismo del antiguo sistema inquisitivo.
Sin embargo, alertó sobre el peligro de confundir “publicidad” con “publicación”, y especialmente con la mediatización incontrolada de los procedimientos penales durante la fase de instrucción. «Estoy convencido de que si preguntáramos a los justiciables si quieren que su juicio se celebre con público o sin él, el ciento por ciento preferirían la segunda opción», aseguró.
«Tenemos que creernos lo de la presunción de inocencia», argumentó con una sonrisa.
Recordó, como ejemplo positivo, su decisión de televisar íntegramente el juicio del procés, que presidió como magistrado ponente. “Era fundamental que los ciudadanos pudieran ver con sus propios ojos que se estaba haciendo justicia con plenas garantías. No se trataba de escenificar, sino de ofrecer un ejercicio de transparencia institucional y pedagógica”, sostuvo.
Y destacó la profesionalidad con la que actuaron todos los abogados defensores, que fue «incuestionable», a quienes agradeció su altura jurídica.
Acción popular: preservar su esencia, limitar sus excesos
Marchena defendió la figura de la acusación popular como una herramienta constitucionalmente reconocida para evitar que el monopolio del ejercicio penal recaiga exclusivamente en el Ministerio Fiscal.
Recordó que esta figura es única en Europa y casi en el mundo, nacida y originaria de España. Sin embargo, alertó sobre el “uso patológico” que determinados actores políticos están haciendo de esta figura.
El magistrado se mostró especialmente crítico con el hecho de que partidos políticos y sindicatos puedan presentarse como acusación popular en causas penales de alto impacto mediático.
“Cuando es el secretario general de un partido el que ejerce la acción penal, lo que entra en el proceso no es la búsqueda de la verdad, sino la dialéctica partidista”, lamentó.
Defendió que debería reformarse la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que organizaciones con intereses políticos directos puedan utilizar la acción popular como arma arrojadiza en la lucha partidista.
Eso sí, advirtió contra cualquier intento de vaciar de contenido esta figura convirtiéndola en una mera adhesión a la tesis del Ministerio Fiscal: “La acción popular es una iniciativa autónoma, no un apéndice institucional”.
El CGPJ, entre la crítica destructiva y la necesidad de fortalecimiento
Uno de los capítulos más extensos del libro está dedicado al Consejo General del Poder Judicial, su actual crisis y el debate sobre su sistema de elección.
Marchena fue firme al defender que se trata de una institución absolutamente imprescindible para garantizar la independencia del poder judicial frente a los otros dos poderes del Estado.
Criticó la deslegitimación política del CGPJ, y recordó que en otros países –como Francia o Italia– las fórmulas de designación judicial no son necesariamente mejores.
En Francia, por ejemplo, el presidente del Consejo del Poder Judicial es el presidente de la República, y el vicepresidente es el ministro de Justicia. “Eso sería impensable en España”, sentenció.
Reconoció que existen tensiones dentro del sistema actual, pero llamó a no demonizar una institución que ha sido clave para consolidar la independencia judicial.
Y propuso que, si se va a modificar el sistema de elección, se haga siempre desde el acuerdo más amplio posible y con propuestas que nazcan del propio Consejo.
Marchena se mostró esperanzado con la nueva etapa abierta con la presidencia de Isabel Perelló. “Su elección, fruto de un acuerdo institucional y no de un reparto político, otorga al Consejo una legitimidad de origen que es una buena base para empezar a recuperar la credibilidad de la institución”, dijo. Para después subrayar que se había avanzado «muchísimo» en el proceso de desatascar los nombramientos.
El acto concluyó segundos después y en apenas unas décimas más se había formado una larga cola de admiradores para que les firmara el libro que habían comprado a la entrada.
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